Observaciones sobre La Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812

Una retrospectiva periodística en 1835

 

Artículos periodísticos sobre la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812 publicados el año 1835 en la Oficina de Gutiérrez en Castellón.

 

Guerra de la Independencia: observación primera

La Guerra de la Independencia con que comienza para España la historia del siglo XIX, es sin duda el acontecimiento más grande y memorable de que ha podido ser teatro pueblo alguno. Por mucho que se haya hablado y escrito, tanto sobre el suceso en sí como sus inmensos resultados, nunca se podrá exponerle al público con todos los títulos a la admiración del género humano de que es digno. Una nación de doce millones de habitantes que abandonada a sí misma se levanta en masa y simultáneamente contra el hombre grande y formidable que a la sazón se consideraba como el árbitro de los destinos del continente de Europa; una nación que sin tener en cuenta los ejércitos formidables, dueños ya de sus Plazas fuertes y casi todo su vasto territorio se pronuncia de un modo tan solemne contra esta violencia y agresión, presenta una de las figuras más sublimes que puedan verse en el cuadro de la especie humana. Es seguramente extraordinario este fenómeno; pero se explica considerando la circunstancia feliz de que todos los sentimientos nacionales hubiesen convergido entonces hacia un punto único. Tembló la aristocracia por sus privilegios, y las demás clases dominantes por su influencia; se indignaron los hombres de elevados sentimientos al ver vilipendiado el honor de la nación con una infracción escandalosa de los derechos más legítimos; se irritó el pueblo al aspecto de la opresión y la violencia con que iba acompañada una invasión que reunía a ellas el insulto y el desprecio; se alarmaron igualmente las conciencias timoratas que creyeron ver en este cambio una era de impiedad y de destrucción del edificio religioso. Así grandes, pequeños, instruidos, ignorantes, las clases más elevadas como las del vulgo, todos convivieron simultáneamente y por instinto en que eran preferibles todos los males, y hasta el de la muerte, a la ignominia de tolerar una dominación que se presentaba con tan funestos y humillantes caracteres.

    No entraremos en la historia de las transacciones vergonzosas que nos condujeron a una situación tan crítica.  Consideramos aquí la España en el momento de dar este grito tan unánime, pronunciándose por los derechos de su independencia, y de este punto partiremos para examinar debidamente las consecuencias inevitables que debieron seguirse a un acto tan solemne. Ocupado el interior del país, abandonada la nación de sus antiguos jefes, no quedaba más recurso que formarse un gobierno análogo a la situación particular de las provincias. Cada una confió la dirección de todos los negocios a una Junta de las personas más notables del país que ejercieron desde su principio todos los poderes del Estado, el administrativo, como el legislativo, como el judicial. Jamás el pueblo se metió en averiguar ni el verdadero origen de su autoridad, ni la extensión de sus poderes. Unos mandaban, obedecían los otros sin ninguna repugnancia; y como la guerra nacional era el negocio que absorbía todas las atenciones públicas, todo el mundo trató de cooperar por su parte al desarrollo de un sentimiento único, incompatible entonces con la discusión de teorías políticas.

    Se emprendió, pues, la guerra bajo la dirección de estas Juntas parciales mientras las provincias estuvieron aisladas: era la marcha más sencilla y natural que podían tomar por entonces los negocios. Cuando se vio algo desembarazado el territorio y la posibilidad de concentrar todos los negocios, se formó con delegados de estas Juntas primitivas una sola: era otro progreso natural aconsejado por las circunstancias. Las Juntas provinciales pasaron de supremas y legisladoras a puramente administrativas, bajo la dirección de la Central. No olvidemos un desprendimiento voluntario que hace tanto honor a su desinteresado patriotismo.

    La Junta Central formada de una manera tan sencilla, instalada con aplauso universal, no fue dichosa en su gobierno. Demasiado numerosa para administrar y demasiado poco para ejercer el poder legislativo, se vio objeto de censura en un tiempo en que los ánimos de los españoles ya propendían naturalmente a ocuparse de política. Comenzó precisamente a gobernar cuando a resultas del refuerzo entrado en España con el emperador a la cabeza, se perdió de nuevo todo el interior del país, y se vio la Junta precisada a buscar su asilo en uno de los ángulos de la península. No son hechos los reveses para dar popularidad a los que están a la cabeza de los negocios públicos. Gastada la Junta Central antes de tiempo, agitada en su seno por discordias, objeto de reprobación y de censura; y pareciéndole por otra parte que era ya tiempo de dar a la Potestad suprema una forma más regular y en armonía con las opiniones dominantes, resignó su poder en las manos de una Junta de regencia cuya autoridad fue reconocida sin ninguna repugnancia, como lo había sido antes la suya propia y la de las Juntas provinciales.

    No se puede dar una marcha más sencilla, una progresión más natural en la dirección de los negocios públicos, ni una prueba más evidente de lo dispuestos que estaban los ánimos de toda la Nación a seguir todo el impulso que se les diese, en el sentido de llevar adelante esta guerra de su independencia.

 

Guerra de la Independencia: observación segunda

El Consejo de Regencia inició sus funciones convocando las Cortes generales y extraordinarias del reino; en esto no hizo más que adherirse a los deseos unánimes que dominaban en aquellas circunstancias.

    Nada había más popular en España que el nombre en cierto modo mágico de Cortes. Recordaba en efecto a la memoria un tiempo en que los Reyes de España no eran absolutos, en que se consultaba a la nación para el manejo de los negocios administrativos y políticos. Sabían muy bien todos de qué modo había sido destruida esta famosa institución por Príncipes de razas extranjeras. No ignoraba nadie que este trastorno había sido el principio del despotismo duro que pesaba sobre España, y que era en parte la administración absurda, nacida de este estado de opresión, la que había provocado las calamidades en que la nación se hallaba envuelta.  Este deseo tan unánime de Cortes responde bien a los argumentos de los que han querido considerar la guerra de la independencia como una expresión del fanatismo, o de un sentimiento de fidelidad puramente pasiva y servil hacia los Monarcas que habían renunciado al trono de estos reinos.

    Ya hemos hecho ver que esta guerra [de la Independencia] era la manifestación de todos los sentimientos que a la sazón animaban a todas las clases de que se componían.

    Convocadas las Cortes en circunstancias tan extraordinarias, no pudieron ser ni metódicas ni uniformes las reglas de elegir los miembros que debían componerlas. Si consideramos que unas provincias estaban ocupadas por los enemigos y otras no; que la mayor parte de las personas influyentes de las primeras se hallaban en el territorio de las segundas, que estaban en otras circunstancias; si hacemos atención a lo embarazoso, a lo inseguro y lo hasta imposible de las comunicaciones, a los desórdenes, a las perturbaciones inseparables del tumulto de la guerra nacional, y a otras muchas circunstancias bien fáciles de comprender, hallaremos que era imposible proceder a la elección como debería ésta tener lugar en tiempos más pacíficos. Lo esencial era tener en el seno de las Cortes hombres de patriotismo y de la capacidad necesaria para desempeñar bien tan alto encargo. Así se vieron en aquel congreso los más distinguidos, los más capaces y de más probidad de que se podía echar mano en aquellas circunstancias. De sus talentos, de su saber, de su eminente patriotismo, de su honradez a toda prueba, dan amplios testimonios las actas de las sesiones de las Cortes en aquella época. La necesidad hacía la ley, y la aprobación y el aplauso con que la nación celebró la entrada de semejantes hombres en el Congreso nacional, hace ver que no tuvo nunca representantes más legítimos.

    ¿Quién no ve hasta aquí un encadenamiento de hechos necesarios, hijos de las circunstancias y hasta independientes de la voluntad del hombre? Primero: Juntas provinciales, sin las que hubiera sido imposible dirigir desde un principio la guerra de la independencia; Junta Central, medida indispensable después que se pusieron las provincias en comunicación; Regencia, cuando se vio la imposibilidad de que esta última continuase con la dirección de los negocios; Convocación de Cortes para satisfacer las justas exigencias de las opiniones dominantes; Elección de diputados del mejor modo posible que las circunstancias permitían. Hasta aquí no hay nada en que no convenga todo el mundo y que pueda incurrir en la censura de los más descontentadizos, a no ser que entonces no quisieron que la nación se empeñase en una guerra para defender su independencia.

    Reunidas las Cortes era su deber ejercer inmediatamente sus funciones de poder legislativo. La nación no tenía leyes fundamentales en vigor, era un caos su jurisprudencia que se refería a épocas distintas, en que las ideas, las necesidades físicas y morales no podían ser las mismas. Eran demasiado visibles y sentidas las fatales consecuencias del poder de legislar, ejercido exclusiva y arbitrariamente por los reyes, para que no se pensase seriamente en evitar para lo sucesivo calamidades tan fatales. Las épocas anteriores al reinado de los príncipes de la casa de Austria ofrecían algunos buenos ejemplos y modelos, mas no podían formar un cuerpo de doctrina, pues se referían a tiempos muy diversos en que la forma de las Cortes y hasta su importancia política habían variado según las circunstancias. Imitar del todo lo que había pasado en tiempos tan antiguos hubiese sido desconocer las necesidades de los nuevos; desecharlo en el mismo sentido no hubiese sido satisfacer los deseos nacionales. Era, pues, necesario asentar las leyes fundamentales sobre bases sólidas, que sin ponerse en oposición con las antiguas se arreglasen a las opiniones y luces de la edad moderna.

 

 

Artículo complementario

    Las Juntas de Defensa Nacional en 1808

 

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Constitución de 1812: observación primera

He aquí lo que hicieron las Cortes españolas convocadas por las exigencias de la opinión, constituyentes por lo imperioso de las cosas. Debían leyes fundamentales, una Constitución al pueblo español y se la dieron.

    Enteramente extraños a sus trabajos y a tan importantes transacciones, no nos corresponde hasta cierto punto examinar dicho código de leyes, de cuya censura, de cuyos elogios no nos puede caber la menor parte; mas como obra histórica, como producción que ha influido tanto en los destinos nacionales, es lícito a todo publicista someterla a las leyes de la crítica.

    Tres defectos de gravísima importancia se han vituperado en la Constitución de 1812, sobre todo después de su caída en 1823 para favorecer la vuelta del absolutismo: primero, su tendencia democrática; segundo, la unidad de su cámara legislativa; tercero, las pocas facultades que dejaba al poder ejecutivo, acusación que entra en buena medida en el primero de los cargos pero que se examinará por separado.

    Cada Constitución política parte de una idea, de un principio dominante, según las opiniones o preocupaciones del país, o la fuerza de los hechos mismos. Consideradas unas como emanación del poder de los reyes y otras como salidas de la voluntad general, o de un cuerpo aristocrático, todas son consideradas como dirigidas a la felicidad del pueblo. La base de la de 1812 es la voluntad de la Nación considerada como soberana y dueña de sí misma.

    Nos e puede negar que el principio de la soberanía nacional es un principio luminoso en teoría. En la práctica puede ser tal vez una abstracción, mas en la Constitución de 1812 figura como un hecho.

    La Nación se hallaba sin Monarca. La corona había pasado sucesivamente por cesión del rey Fernando [Fernando VII] a su padre [Carlos IV], de éste a Napoleón [Napoleón Bonaparte], y de Napoleón al rey que con tanta propiedad fue denominado intruso [José Bonaparte, José I] Los dos primeros actos habían sido arrancados por la fuerza; mas no por eso se había dejado de dar orden a la Nación de prestar su obediencia al último de los cuatro príncipes. No hay duda de que se la Nación la hubiese obedecido nada habría habido que echarle en cara, arreglándose a los principios que consagran el derecho divino de los reyes. Mas habiéndose resistido a ejecutarla, y expuesto a los horrores de una guerra tan violenta y tan encarnizada por defender su independencia, es también incontestable que obraba de hecho como dueña de sí misma. Por conservar esta independencia, por ser libre de no obedecer a quien no la tenía en cuenta, trabajaba, se afanaba y combatía. Por conservar ese derecho veía sus campos devastados, sus casas destruidas y reducidas a escombros algunas de sus poblaciones. Tantas calamidades, tantos sacrificios, tanta sangre derramada, eran más significativos para el código de las naciones que principios de derecho escritos. Jamás se había dado al mundo un testimonio más irrefragable de que la voluntad de toda una Nación era la primera ley, el principio inconcuso de toda asociación humana.

    Las Cortes al extender el artículo tercero de la Constitución de 1812 [“la soberanía reside esencialmente en la nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”], que es su base y su principio, no hicieron más que consagrar un hecho público, incontestable, pero evidente a los ojos de todo el mundo que la luz del día. Dijeron lo que pasaba, escribieron lo que dictaban tanta decisión, tanto valor y tanta hazaña. ¿Pudieron, debieron abstenerse de consignarlo en el código fundamental de la Nación? Puede ser este un campo de mucha controversia, mas es suficiente para nuestro objeto el saber que para obrar así no tuvieron que apelar a simples teorías.

    La unidad de la cámara legislativa pudo ser también un objeto de disputa. Si un cuerpo de magnates y de nobles es en muchos casos un freno oportuno a las demasiadas exigencias del Congreso popular, puede también ser un obstáculo a reformas saludables. El error, la preocupación y las pasiones tienen la misma entrada en las cámaras altas que en las bajas. La experiencia y la historia se prestan a las dos hipótesis, y no sabemos si un hombre imparcial al examinar de sangre fría las ventajas y desventajas de una cámara o de dos daría la preferencia a la primera o a las segundas.

    Las Cortes para obrar así no carecían de antecedentes administrados por nuestra propia historia. Las Cortes de Castilla no habían sido uniformemente organizadas en diversas épocas. Si en algunas los brazos del clero y la nobleza habían entrado como partes integrantes, en otras se los vio desaparecer de esas famosas asambleas. Es indudable que una gran parte de los siglos XIV y XV, en que por sucesiones disputadas y menoridades turbulentas ejercieron un poder que no tenían en tiempos más tranquilos, sólo representaron los Procuradores del reino estos papeles tan peligrosos e importantes. En un campo que presentaba tanta diversidad de antecedentes pudieron muy bien las Cortes de Cádiz atenerse a los que les parecieron más propios de aquellas circunstancias. Nosotros no estábamos en sus intenciones, pero es claro que su cámara legislativa no pudo ser una servil imitación de la establecida por la asamblea nacional de Francia.

    Los que acusan a la Constitución de las pocas facultades que dejaba al ejecutivo, hablan así según lo que al parecer ha acreditado la experiencia, mas no reflexionan que esta experiencia aplicada a nuestro caso nada prueba a su favor, ni al de los que sostienen la opinión contraria. No reflexionan que cuando el poder es enemigo de las leyes que hace ejecutar no es posible que deje de haber disgustos, repugnancias y hasta incompatibilidad completa entre dos poderes, que si siempre tienen algo de rivales nunca deben estar en pugna abierta. Toda Constitución supone que el ejecutor de la ley, si bien trata de ensanchar la esfera de su autoridad, no trata al menos de derribar lo que se halla en cierto modo bajo su custodia. Como esto no ha sucedido así en España en las dos épocas de la Constitución, es imposible juzgar bien sobre el asunto; pero la experiencia ha hecho ver que las mejores leyes, que las Constituciones en que con más discreción se equilibran los poderes, son inútiles cuando las aborrecen los grandes funcionarios encargados de su cumplimiento.

 

Constitución de 1812: observación segunda

Para comprender y poder juzgar debidamente el efecto que la publicación de la Constitución de 1812 pudo haber hecho en los ánimos de la Nación, es preciso examinar en qué clases estaba dividida entonces, y sobre todo la situación en que se hallaban los negocios de la guerra nacional, principal objeto que figuraba en este cuadro. Sin riesgo de padecer equivocaciones podemos dividir la España de aquella época en tres grandes divisiones: primero, clases bajas; segundo, clases medias; tercero, clases privilegiadas y en cierto modo aristocráticas por su influencia y ascendiente moral sobre las otras, debido al nacimiento, a las riquezas u otras consideraciones de mayor grado de importancia.

    Que lo que se llama clases bajas no estaba ni podía estar a la altura de los principios consignados en la Constitución; que no podía comprender ni la verdadera importancia ni el verdadero objeto, ni aun las consecuencias de esta ley fundamental, es una verdad incontestable para cualquiera que examine el estado de nuestras sociedades.  En España y también en otros pueblos mucho más adelantados, las ideas y conocimientos de lo que se llama comúnmente vulgo, no pasa de la esfera de los objetos que habitualmente los rodean. Consagrado a trabajar y a proporcionarse por medios puramente materiales la satisfacción de sus necesidades, no le queda tiempo para ocuparse de abstracciones, para discutir principios, para pesar las ventajas e inconvenientes que no producen para ellos ventajas materiales. El pueblo español estaba acostumbrado en aquella época a obedecer a quien le daba leyes, a respetar el nombre de un rey a quien veneraba como un ente superior, sin mezclarse de teorías ni principios de gobierno que estaban tan fuera de los límites de su inteligencia. Esta máquina, al parecer pasiva, había recobrado una actividad enérgica al principio de la guerra de la independencia, y en lugar de recibir impulso se había convertido acaso en agente principal del alzamiento que la producía. Entonces se despertaron en él aquellos sentimientos fuertes, irresistibles, que las circunstancias extraordinarias y únicas no podían menos de excitar en los ánimos de un pueblo sencillo y generoso. Mas tanta actividad y heroica energía se concentraban a pelear, a obedecer a los que le mandaban en sentido de hacer la guerra a los franceses, a sospechar de traidores a los que le parecían remisos en el cumplimiento de su obligación, y a veces a estrellarse contra ellos empleando medidas de violencia. La guerra era el único objeto de toda su atención, y sus vicisitudes en cualquier sentido cuanto podía afectarlos agradable o dolorosamente. La voz de las Cortes no podía en nada ni con sus hábitos ni con sus preocupaciones, puesto que o no la conocía de antemano o era objeto de cariño a los ojos de las otras clases. La voz de la Constitución tampoco podía serle ofensiva por ningún estilo. En ella se hablaba del Rey, nombre para ellos respetado y venerable; en ella se consagraba un artículo a la conservación, al ejercicio legal sin mezcla de otro alguno de su culto religioso. Era imposible que declaraciones tan manifiestas alarmasen a pueblos tan amantes de su rey, tan adictos a la religión de sus mayores. Los otros artículos de la Constitución no podían tampoco causarles el menor disgusto. A entenderlos, hubieran visto en ellos garantías de un cambio dichoso de su propia condición; no comprendiéndolos, debieron de ser para ellos del todo indiferentes.

    ¿Con qué fundamento dicen, pues, algunos que la Constitución de 1812 chocaba con las opiniones, con los hábitos del pueblo? Lo que podían comprender de ella estaba enteramente conforme con estas opiniones y con estos hábitos; lo que era para ellos enteramente obscuro no podía causarles la menor sensación desagradable. Además, ¿leyó, lo que se llama pueblo, la Constitución? ¿Se puede decir con propiedad que tal o tal sistema está o no en oposición con quien no puede ni sabe comprenderle?

    Es, pues, de toda evidencia que lo que se llama pueblo español se mostró a todo más indiferente hacia la Constitución de 1812. Si tuvieron opiniones y sentimientos en contrario, no pudieron menos de serles sugeridos.

    Las clases medias de la sociedad se hallaban en muy distintas circunstancias. Más instruidas y sin las pretensiones exclusivas de la aristocracia, no podían por menos que aplaudir reformas en política, cuyo deseo se había hecho sentir y manifestar de un modo tan enérgico. El comercio, la industria, los propietarios, los artesanos regularmente acomodados, los abogados, todos los hombres instruidos, las clases superiores del ejército y hasta un gran número de individuos del clero, todos aplaudieron la Constitución como una obra de sabiduría, como un medio necesario para sacar a la Nación de su envilecimiento social, y de ponerla al nivel de la civilización del siglo.  Fue pues considerada su formación como una era de prosperidad, de libertad, de gloria para España, como la más noble recompensa de tantos sacrificios, de tantas desgracias, de tanta sangre derramada en esta guerra desastrosa. Fue el acto de su promulgación objeto en todas partes de regocijos públicos. Se sabe muy bien con cuántos acentos de alegría y entusiasmo general fue publicada solemnemente en todas las ciudades considerables de la Monarquía. Nada era más natural que esta disposición de los ánimos en aquella época. Era necesario no amar la libertad, carecer de toda idea de los derechos de los hombres, para no gustar de un código que proclamaba la igualdad civil, que destruía los privilegios ofensivos para el amor propio, que abría la puerta de todos los honores al mérito personal, que realizaba en parte teorías y principios de que no podían menos de haberse alimentado, pues las luces aunque no generales no habían dejado de cundir en estas clases de que hablamos.

    ¿Había sido bien analizada, bien meditada esta Constitución por sus apasionados? ¿Habían meditado bien sobre su espíritu y comprendían el alcance de sus inevitables consecuencias? ¿Gustaban de ella precisamente por su tendencia democrática, por la unidad de su cámara legislativa, o porque ponía muchas trabas al poder ejecutivo?

    La de los amantes de la Constitución no podía descender a tantos pormenores, ni tenía el tiempo ni aun quizá las luces suficientes para examinar bien este asunto delicado. Le bastaba que el código fundamental prometiese las reformas de que estaba deseosa; que se expresase en este lenguaje de emancipación y libertad que habla con tanta elocuencia al corazón del hombre; que rompiese un yugo que pesaba tanto sobre hombres de regulares sentimientos; que se declarase la guerra a la arbitrariedad, a la intolerancia, al poder absurdo de la Inquisición, a funestas influencias que perpetúan el error, la preocupación y la ignorancia.

    Pasemos ahora a las clases privilegiadas que prosperaban al abrigo de la misma perpetuidad en estos abusos. La Constitución hablaba en nombre de la razón, de la justicia, de la libertad, de la igualdad civil, de la regeneración social en el sentido que pedía el espíritu del siglo. Era, pues, segura la alarma en el campo de los protectores de la ignorancia que tanto les servía, de los amigos de los abusos a que debía su crédito, su influencia y sus riquezas. La Constitución debió, pues, de ser el objeto de su prevención y de sus oídos, el blanco de sus acusaciones y de sus calumnias. Así está organizado el corazón del hombre; así lo enseña la historia de las reformas tanto civiles como religiosas en todas las edades.

    Para contraernos a los mismos tres puntos de acusación ya citados en la observación previa, ¿podían aborrecer estas clases la Constitución porque era demasiado democrática, por la unidad de su cámara legislativa, por las trabas que ponía al ejercicio del poder? ¿Qué les importaban cuestiones semejantes? Si la aborrecían, si la detestaban, era porque anunciaba reformas que dañaban a sus intereses u ofendían su amor propio. Cualquiera otra Constitución hubiese provocado la misma animosidad, suscitando el mismo odio y sido blanco de los mismos ataques y calumnias. ¿Cómo se pudieron haber dado pasos en el sentido de la regeneración social sin pensar en reformas, obstáculos de las mejoras? ¿Y qué reforma, qué descubrimiento, qué innovación aun en las artes no lleva consigo una especie de perturbación y de desorden que paraliza en el principio y hasta compromete los buenos resultados que se esperan de ella, y que nunca faltan con el tiempo? Era preciso, pues, o no pensar en reformas de ninguna especie o atraerse la enemistad de las clases poderosas, por poco importantes que desde un principio las reformas fuesen.

    Aparece, en consecuencia: primero, que la Constitución de 1812 no pudo chocar con las opiniones ni los hábitos de las clases bajas, que a todo lo más no la comprendían; segundo, que debió ser objeto de predilección para las clases medias regularmente instruidas, que deseaban reformas importantes en política; tercero, que debió de ser objeto de odio para las clases privilegiadas por motivos enteramente opuestos; cuarto, que ni el amor de las segundas ni la antipatía de las últimas pudieron haberse contraído a tal o tal artículo, sino a la obra en general por los principios generales que desenvolvía. Para unas clases hablaba de reformas que se apetecían, para las otras de reformas que se repudiaban; no hay cosa más natural ni más sencilla de entender.

 

 

Artículo complementario

    Liberalismo. Escuela Española

El tesoro del Vita

 

El episodio del yate Vita, barco de recreo y asuntos diplomáticos, que antes se llamó Giralda y, para ser vendido al mejor postor después de la peripecia criminal Abril, enfrenta a dos personajes taimados, socialistas del PSOE ambos, ambiciosos sin escrúpulos, falsos, soberbios y de traza gansteril, que disputaron el fruto de la rapiña a los españoles, robo o expolio, llámese como guste, en los años confusos que enmarcaron la II República, el Frente Popular y la Guerra Civil finalizada en 1939; aunque fueron varias las guerras civiles dentro del mismo marco. Una de estas guerras divide al PSOE en partidarios del Frente Popular de obediencia comunista soviética, aparentemente dirigidos por Juan Negrín, que es el político designado por los agentes de Joseph Stalin para implantar su tiranía en España, en contrarios a someterse al dictado soviético y finalmente beligerantes ante el predominio comunista en los ámbitos sociales, militares y políticos, y una tercera facción, en la que destaca Indalecio Prieto, y no solo por su voluminosa figura, que aspira a ser y estar siempre y por encima del resto desde una posición artera, confortable y resguardada.

    De Juan Negrín se publican opiniones de personajes que bien le conocieron y mucho trataron en el artículo Memoria recobrada (1931-1939) XV; ahora en este complementadas, como botón de muestra para el tema que nos concierne, con otras dos definiciones que no requieren de comentario añadido. La primera es del anarquista Francisco Olaya Morales: “Negrín gestionó el final de la Guerra Civil con la misma irresponsabilidad que gobernó el país y la administración del patrimonio nacional” (recogido en su obra La gran estafa de la Guerra Civil, capítulo 2: La intoxicación comunista); la segunda del socialista Wenceslao Carrillo: “El gobierno Negrín es el más inepto y también el más desaprensivo de cuantos gobiernos ha conocido España” (recogido en el Archivo Luis Araquistáin, legajo 67, expediente 71).

    Mientras que de Indalecio Prieto, destacamos el explícito y desglosado muestrario que ofrece José María Zavala en su obra Los gángsters de la Guerra Civil, de cuya página 16 extraemos que Indalecio Prieto no es el impulsor de la democracia social como se ha querido transmitir a la opinión público, ni basta su demanda de perdón por sus responsabilidades a lo largo de su dilatada vida política. Prieto fue uno de los cabecillas de la huelga revolucionaria de 1917, con acento marxista soviético, y poco después implicó sin pruebas al rey Alfonso XIII en el desastre de Annual, lo que propició el derrumbe del régimen constitucional; en 1934 se puso de parte de Largo Caballero para ser actor principal en el golpe de Estado que supuso la revolución de socialistas y separatistas con anarquistas y comunistas, se convirtió además en contrabandista de armas y desplazó dentro del PSOE al líder moderado Julián Besteiro. Urdió con Azaña y Strauss la liquidación del Partido Radical de Lerroux y también en connivencia con Azaña expulsó a Niceto Alcalá Zamora de la Presidencia de la República allanando el camino al Frente Popular y al enfrentamiento armado. En 1937 favoreció la caída en desgracia de Largo Caballero por orden comunista, hasta que transcurrido un año sin rivales el poder soviético lo apartó de la Administración. Y quien arteramente se apropió del valioso tesoro del Vita, que para sí quería Negrín, quien lo había amasado por delegación, compuesto por joyas y otros objetos de valor requisados a ciudadanos españoles.

    Estos son los actores protagonistas y a continuación su teatro, cuya sinopsis es: Negrín robó a los españoles y Prieto quitó a Negrín lo que éste había ordenado embarcar en un yate que azarosamente dio en recalar donde aquél se encontraba, lo que resultaría un enredo cómico al espectador sino fuera por lo terrible de su origen y significado.

 

El medio de transporte para sacar el tesoro de España

Finalizaba el año 1938 cuando Marino Gamboa (uno de los tres directores de la empresa naviera del gobierno republicano Mid-Atlantic, personaje de tramoya que ocupó altos puestos de responsabilidad durante la Guerra Civil, sin motivo justificado aparente, y que desaparece después de haber servido al Partido Comunista), hombre de paja utilizado por Negrín siendo ministro de Hacienda y Presidente del Gobierno, ya en calidad de testaferro adquirió el yate Giralda, de 690 toneladas, dos palos y dos potentes motores, que bautizó Vita (el barco fue comprado con fondos del gobierno republicano, y cual práctica de Negrín se puso a nombre de un tercero, en este caso Gamboa), para trasladar un grandioso tesoro fuera de España. Como Gamboa era filipino nacionalizado estadounidense la bandera del Vita fue la de Estados Unidos. La adquisición se hizo aprovechando la competencia de Mariano Manresa (privado de Negrín, había sido capitán del buque Tramontana que entre 1936 y principios de 1937 transportaba el oro español entre Cartagena y Marsella), agregado comercial de la embajada de España en Londres que intervino en la compra; y el yate se puso a las órdenes del capitán José de Ordorica con una tripulación de máxima confianza compuesta por siete marineros nacionalistas vascos.

    La primera travesía del Vita fue un crucero de placer por Escandinavia para el supuesto propietario, Marino Gamboa, y su familia. Entretanto, el socialista Indalecio Prieto representaba al gobierno español en la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Pedro Aguirre de Cerdá, en diciembre de 1938; ocasión para él pintiparada que aprovechó, a base de excusas, para preparar su exilio dorado. Prieto se trasladó a Argentina el 7 de enero de 1939 participando en varios mítines y entrevistas, y el 17 a Uruguay donde el embajador de México le transmitió una invitación del presidente Lázaro Cárdenas para visitar su país. El 24 de enero hizo escala en Río de Janeiro y el 26 embarcó rumbo a Nueva York en el trasatlántico Brazil; allí fue recibido por el embajador de la República española Fernando de los Ríos. El 7 de febrero el embajador mejicano en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, le reiteró la invitación del presidente Cárdenas, pero Prieto fingió que antes de aceptar necesitaba la autorización protocolaria de Negrín. El 13 de febrero, por último, emprendió viaje por ferrocarril a México Indalecio Prieto, y familia, siendo recibido al cabo de una semana por el presidente Cárdenas, que lo agasajó.

    A todo eso, avanzando las tropas nacionales hacia la frontera con Francia, las órdenes que llegaban al embajador De los Ríos, por conducto de Gonzalo Zabala (los dos titulares de las cuentas monetarias oficiales en Estados Unidos), le urgían a girar los fondos de su cuenta a la de Gamboa en el banco ruso de Londres, y al coronel Trejo, otro testaferro, de vender inmediatamente los bienes a su nombre en Estados Unidos y Canadá; principalmente aviones, en número de cuarenta.

    Al tiempo que aceleradamente iban distribuyéndose por los comisionados al efecto bienes y dinero, unificando cuentas bancarias y liquidando los depósitos con la “honrosa” excusa de disponer de fondos para los exiliados y combatientes desvalidos llegada la derrota, el ministro de Hacienda Francisco Méndez Aspe, de la confianza de Negrín y los comunistas, tuvo la idea de trasladar a México las riquezas robadas, incautadas y confiscadas más difíciles de negociar para su venta, como eran las joyas y las obras de arte; disponiendo para ello del yate Vita, y sólo este barco para el transporte, aunque precisara de unos cuantos viajes para poder con todo.

    Estando atracado en Holanda con su “propiedad”, Marino Gamboa recibió orden de ir a Southampton y de proceder a la legalización de un contrato de fletamento del yate a favor de Méndez Aspe; en ese puerto británico embarcó Mariano Manresa, en calidad de segundo, y se procedió a la legalización del contrato, según el informe del Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de México. En paralelo, se desplazó a París un grupo de carabineros mandados por el teniente coronel Enrique Puente, que antes de la guerra había sido el jefe del grupo de guardaespaldas de Prieto, conocido con el nombre de La Motorizada, unidad de asalto y coacción operando en Madrid integrada mayoritariamente por socialistas de organizaciones sindicales, que con el tiempo se convertiría en unidad de carabineros (posteriormente Negrín lo recompensó por su fidelidad ascendiéndolo a comandante de Carabineros y después a teniente coronel, ignorante de que la única fidelidad de Puente era hacia Prieto), y dos oficiales del Tramontana, Isaac Echave y Antonio Brouard, que junto a Francisco Gordo, empleado de la sucursal del Bando de España en París, y Felipe Mesto, comisario de la Caja de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra (creación del socialista Largo Caballero, su único director fue Amaro del Rosal, dirigente de la Unión General de Trabajadores y próximo al PCE; su sede se hallaba en Valencia, calle del Mar, número 55), compraron ciento veinte maletas en las que se introdujeron los ciento diez bultos de que constaba el cargamento del Vita, sin contar las cajas, que fueron enviadas al puerto de El Havre desde la embajada española en París.

 

La procedencia del tesoro

El primero de febrero de 1939, a las 22’30, se reunieron por última vez en España las Cortes de la República en el Castillo de San Fernando de Figueras, en la provincia de Gerona. A las 0’45 de la madrugada se levantaba la sesión y se dispuso el traslado a París en camiones de aproximadamente 200 bultos, entre cajas y maletas, almacenadas en el castillo, repletas con el sistemático expolio: joyas, valores y otros objetos procedentes de depósitos bancarios y del desvalijamiento de cajas particulares y demás rapiñas, confiscaciones e incautaciones ordenado por el gobierno republicano del Frente Popular; dinero y bienes pertenecientes a ciudadanos españoles cuyos domicilios fueron saqueados por los sicarios de las checas, sus moradores detenidos y paseados hasta el asesinato, y que el mermado pero terriblemente adicto gobierno de Negrín pretendía sacar de España para garantizarse una feliz estancia donde residiera.

    En estas cajas había oro en lingotes y acuñado, colecciones de monedas de oro y plata de gran valor numismático, objetos artísticos y de culto que pertenecieron, por ejemplo, al papa Luna, Benedicto XIII, asimismo el joyero de la Capilla Real, el relicario del Clavo de Cristo, piezas de incalculable valor histórico, y un ejemplar del Quijote editado en hojas de corcho. Parte del oro embarcado pudo haber salido de las bóvedas del Banco de España, de donde se extrajeron 13.000 cajas en total, con destinos variados entre Moscú, París, Londres, Estados Unidos y México.

 

La carga

El día 14 de febrero, los servicios de inteligencia franceses detectaron la salida de la embajada española en París de numerosas cajas en tres camiones de la empresa Aget, y el día 15 otros tres que, también, descargaron sus mercancías, “mobiliario y enseres personales del embajador” en el puerto de Ruan (Rouen). A su vez, Enrique Puente, teniente coronel de Carabineros, encargado de custodiar el tesoro, también embarcó.

    El 27 de febrero el Vita atracó en este puerto para embarcar en su bodega con precipitación y secreto las cajas provenientes de la embajada española y zarpó acto seguido, en esta misma fecha, con dirección al puerto de El Havre; aquí cargó las ciento veinte maletas (Carlos Sainz Valdivieso, Indalecio Prieto, pág. 217, afirma que eran cerca de doscientos bultos entre cajas y maletas, agregando que nadie supo jamás el número exacto de bultos) y subieron a bordo José María Sabater, delegado de Hacienda y portador de la documentación e inventario del cargamento (nunca especificado al detalle), nombrado responsable de la mercancía; Mariano Manresa, como sobrecargo, acompañado por su hermano Antonio, ambos afectos a Negrín y los comunistas; los oficiales del Tramontana y los carabineros de Puente. Al día siguiente, cuando ya se había reconocido oficialmente por el gobierno francés el nacional de Franco, apresuradamente pese a las malas condiciones del mar por el temporal reinante, el yate abandonó el puerto debiendo hacer escala en Southampton por razones de seguridad.

    El 4 de marzo de 1939, aún con la furia del temporal, el Vita y su pabellón de conveniencia largaron amarras para evitar una inspección del cargamento por las autoridades locales. El 17 de marzo, amainado el temporal, hizo escala en la isla norteamericana de Santo Tomás, desde la que Enrique Puente envió dos telegramas: uno dirigido a Méndez Aspe, pidiéndole precisara el nombre del destinatario del cargamento; y el otro a Indalecio Prieto, que supuso era la persona designada para la recepción, lo que dio lugar a graves consecuencias porque no lo era (Puente desconocía que Prieto no era persona de confianza de Negrín y que entre Prieto y el gobierno se había suscitado un litigio por cuestión de intereses a principios de marzo cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez del Vayo, negrinista y en la órbita comunista, había exigido de Prieto la entrega del material aeronáutico que León Trejo había puesto a su disposición, surgiendo divergencias en torno a la suma de 258.874 dólares que Fernando de los Ríos tenía en depósito, asunto en el que había interferido Prieto so pretexto de la información que le había facilitado Francisco Cruz Salido, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, de que se preparaba en Francia la salida para México de treinta mil familias españolas, aludiendo que ese dinero no se necesitaba devolver porque en Francia debía haber “fondos en muy considerable cuantía”), pero él, Prieto, sí se adjudicó la “responsabilidad”.

 

La llegada a México del Vita

Indalecio Prieto seguía maniobrando en México a su antojo e impunemente; procedió a liquidar la deuda del Estado mejicano con España que superaba los doscientos mil dólares y a la venta de los aviones depositados en el aeródromo de la capital federal, que León Trejo tenía a su nombre en Estados Unidos y Canadá, y al traslado de los baúles de Gonzalo Zabala que fueron enviados a la embajada española en México el 25 de febrero (según el embajador Gordón Ordás, Mi política fuera de España, págs.. 784-5, “Gonzalo Zabala, sin prevenirlo siquiera, le envió los dos baúles con las acciones y obligaciones que posteriormente fueron entregados a Prieto”). Por su parte, y siempre a instancias de Juan Negrín, Méndez Aspe comisionó a José Puche para hacerse cargo en México de las riquezas que transportaba el Vita y sobre las que nadie más debía poner las manos ni la codicia.

    El yate Vita arribó sin contratiempos reseñables el 23 de marzo de 1939 frente al puerto de Veracruz, en la costa atlántica de México. Negrín había dispuesto que fuese el capitán Ordorica quien entregase personalmente el tesoro a José Puche; pero éste no acudió a la cita según informó Ordorica. El Vita enarbolaba la bandera de Estados Unidos situado frente a la costa mexicana sin atracar en el puerto y con la tripulación de una tercera nacionalidad. Advertido el cónsul de Estados Unidos ordenó retirar el pabellón del barco y su desalojo, mientras el jefe de la Aduana subía a bordo para inspeccionar la carga, cosa que no pudo efectuar porque el capitán Ordorica estaba en tierra y su camarote cerrado. Entonces apareció Prieto con sus influencias, previamente avisado por Enrique Puente y Mariano Manresa que lo visitaron el día anterior; a las iniciales reticencias de Prieto para intervenir en un asunto que no le concernía, cambiaron las tornas al conocer la carga del barco.

    Escribió Prieto en sus Memorias:

“Desde luego reconocí y proclamé que su situación [la del Vita, los tripulantes y el peculiar pasaje] era peligrosa. Por la naturaleza especialísima de la nave que venían tripulando, ésta tenía que llamar extraordinariamente la atención al prolongar su estancia en puerto cuyas condiciones no justificaban semejante permanencia, contribuyendo a ello la circunstancia de ser todos los tripulantes [y pasajeros] de nacionalidad distinta a la del pabellón del barco” (citado en el libro de Francisco Olaya Morales).

    La excusa, obviamente cierta, del pabellón sirvió a Prieto una argucia para apoderarse del fabuloso cargamento antes de que fuera incautado o dirigido a su destinatario según los deseos de Juan Negrín.

    Telefoneó  al Palacio Nacional para hablar con el presidente Cárdenas, quien le remitió al responsable de la Aduana Federal que dijo: “Voy a dar instrucciones para que el barco se traslade a Tampico y descargue bajo protección del Ejército Federal. Ahora bien, si acepto esta responsabilidad es a condición de que usted y sólo usted [Indalecio Prieto] se haga cargo de lo que el barco traiga”. La sugerencia del cambio de puerto era de Prieto: trasladar el barco a un lugar donde se dieran máximas y excepcionales facilidades para la descarga, es decir, ni preguntas ni miradas, era una apuesta ganadora e irreprochable si alguien le pedía rendir cuentas en el futuro inmediato.

    Una carga no declarada es contrabando, como sucediera con el Turquesa en 1934, con el mismo protagonista: Prieto asumió el acto y, también, el Gobierno mejicano.

 

El atraque en el puerto seguro

Escoltado, el Vita puso rumbo al puerto de Tampico el 28 de marzo.

    La víspera de la partida del yate, José Puche, que era el comisionado de Negrín para hacerse cargo de lo transportado en el Vita, llegó a México desde Nueva York, y ese mismo día 27, aún convaleciente de una enfermedad, se entrevistó con Prieto, aunque se abstuvo de confirmar que él era el destinatario del cargamento, más bien sólo una especie de mediador que exigía se le entregaran, además, otros valores depositados en el país, empezando por los dos baúles conducidos por Gonzalo Zabala y que ya obraban en poder de Zabala se negó a obedecer aduciendo en su descargo que no había recibido la orden del ministro de Hacienda, Méndez Aspe, así que de común acuerdo, por no quedarle otra a Puche, decidieron someter sus diferencias al arbitrio de Prieto, quien dio la razón a Zabala: sin documento justificativo no habría entrega; un aviso verbal no bastaba.

    Poco después Puche requirió para sí el cargamento del Vita. Quienes lo custodiaban llevaron al agente de Negrín donde se encontraba depositado el tesoro y le requirieron el pago de salarios y gratificaciones a los marineros y, de paso, le anunciaron que el presidente Cárdenas había pedido, bajo palabra de honor “guardar absoluta reserva sobre las intervenciones habidas”, confiriendo a Prieto la responsabilidad del cargamento.

    Puche se sintió burlado e impotente, por lo que informó telegráficamente a Negrín.

 

La descarga del tesoro

En el puerto de Tampico se descargaron las cajas y las maletas transportadas por el Vita, bajo la vigilancia militar de los efectivos del general José Manuel Núñez, comandante de la zona militar del estado de Morelos. El presidente Cárdenas había delegado en él la supervisión de la descarga del barco. Asistido por un ayudante, el general verificó que la carga se componía de “diversidad de baúles, petacas y valijas chicas y grandes en cantidad oscilante entre 150 y 155”.

        Los bultos del Vita fueron trasladados por sus tripulantes, sin trámites de ninguna clase, a un muelle de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el río Pánuco; su contenido se expidió en dos vagones especiales que se incorporaron al tren expreso de México, estacionado en el recinto portuario. El general Núñez subió al tren junto a su ayudante y cuatro miembros de la dotación del barco. El 30 de marzo el tren llegó a la estación del Distrito Federal, donde Prieto había alquilado tres camiones para trasladar el tesoro a la lujosa barriada de San Ángel, y pidió a José María Argüelles, ex secretario de la embajada española en México, que cediera su chalé Villa Obregón, en la Avenida de las Palmas, para almacenar provisionalmente el tesoro cuya custodia recaía por alta disposición en su persona.

    Acudió el delegado de Negrín, el desconcertado José Puche, a ver qué pasaba con el tesoro, y encontró plena disposición de Prieto para que diese fe de los bultos depositados en una de las salas de la mansión. Puche comprobó que los baúles y valijas “ocupaban aproximadamente los dos tercios de una habitación aproximadamente de cinco por seis metros, en un completo desorden, con bultos por todas partes, maletas abiertas mostrando su contenido; era un verdadero caos. En estas condiciones no podía uno aceptar aquello”. Como si Prieto pensara ofrecérselo en bandeja de plata.

    Puche no tuvo más remedio que asumir los gastos del viaje, de la descarga y de la estancia del Vita en puerto hasta que Negrín, enfrentado con Prieto, ordenó que los pagos cesasen. El tesoro del Vita permaneció un mes en el domicilio de José María Argüelles; luego fue trasladado a la vivienda alquilada por Prieto en el número 64 de la Avenida de Michoacán, que comunicaba con el domicilio de Prieto, adquirida a nombre de su fiel escudero Enrique Puente, donde se estableció como depósito definitivo..

    Expone Puche la peripecia del tesoro (testimonio publicado en el libro de  José María Zavala):

“El que se hizo cargo de los bienes de la República fue don Indalecio Prieto. La excusa que dio para intervenir no era válida, pues decía que el gobierno había abandonado todo lo que venía en el Vita, cosa que no era cierta. Lo que pasó es que, siendo un cargamento con alto poder material, podía convertirse en poder político.

    No existía tal abandono puesto que el Gobierno me había dado instrucciones para hacer lo que conviniera, a reserva de nuevas instrucciones; es decir, mis instrucciones eran posesionarme de la embarcación y esperar órdenes, que de ningún modo eran las de desembarco. Se dijo que, de cierto modo, la llegada de un barco sin autorización del Gobierno suponía una transgresión a las leyes marítimas; no era una objeción válida ya que el Gobierno de México estaba enterado de que venía dicha embarcación, y aún más, el Gobierno presidido por don Lázaro Cárdenas, sobre todo en aquel momento, estaba dispuesto a ayudar como pudiera a los refugiados españoles dentro del cumplimiento de las leyes. De manera que, en realidad, el argumento de que su intervención había sido forzada por el abandono por parte del Gobierno es completamente insostenible.

    Hubo una cierta precipitación que yo atribuyo, y es una opinión personal, al deseo de controlar algo que podía tener, desde el punto de vista pragmático, valor material y, desde el punto de vista político, valor de poder.

    La interpretación que yo daría es que se implicó en el asunto del Vita un aspecto político y otros de oportunismo pensando que el que pega primero pega dos veces. En este caso, don Indalecio asumió  una responsabilidad de gran importancia por las consecuencias que he sabido por referencias; yo no tuve ninguna intervención directa. Lo cierto es que lo que luego sucedió con el dichoso cargamento fue lamentable para el prestigio de la República y de la emigración.”

 

Implicaciones para justificar la apropiación del tesoro

    A espaldas de Negrín y sus emisarios y testaferros, Prieto maquinaba para que le fuera concedida la potestad de organizar la recepción y asentamiento de los españoles que se dirigieran a México. Negrín se opuso y le mandó un telegrama conminatorio. Los restos orgánicos del PSOE todavía obedientes a Negrín, encargaron a Ramón Lamoneda, de la Ejecutiva del partido, que sometiera a los disidentes y oportunistas; que así se calificó a Prieto y sus adláteres. Al verse acosado por quienes reclamaban todos los bienes acarreados desde España, más aquellos en el extranjero ultramarino vendidos y por vender, Prieto ingenió una salida exculpatoria de sus acciones y a la par hábil para su propósito: arguyó telegráficamente al conturbado Negrín que en Francia se disponían de abundantes recursos para atender las necesidades perentorias de los altos cargos políticos y militares en desbandada.

    Indalecio Prieto hacía tiempo que daba por muerto al gobierno del Frente Popular y a la República, y apostado tras la barrera, lejos de los formalismos políticos y aún más de los compromisos éticos, al igual que Juan Negrín y tantos que sólo miraban por su particular interés y supervivencia, optó por la vía dilatoria de los dimes y diretes legalistas.

    El 7 de abril Prieto envió un telegrama a Negrín anunciando su disposición a entregar el cargamento a Puche y a Lozano, los emisarios del destinatario; lo que no hizo.

    El 12 del mismo mes, ya finalizada la guerra, Prieto envió a la Diputación permanente un informe de diez hojas relatando su actuación desde el 24 de enero de 1939, omitiendo datos y fechas que le comprometieran, y para dejar en evidencia la ilegalidad del Gobierno que le reclamaba.

    Reinando el caos, las ambiciones y los engaños entre los contendientes por la adquisición de los bienes expoliados situados principalmente en Francia y en México, Prieto siguió elaborando su plan y sumando aliados a partir de la segunda quincena de abril. Fernando de los Ríos, que desconocía cómo proceder con los fondos en moneda y plata que tenía en depósito, se los ofreció a Prieto; León Trejo le traspasó los aviones Bellanca estacionados en Estados Unidos y la veintena de aviones Grumman, comprados en Canadá, que debía haber vendido a cualquier precio, cual demandaba Negrín, y Gordón Ordás, siguiendo la inercia, le entregó cuatro millones de dólares que también tenía en depósito.

        A la par, el 24 de abril, el subordinado de Prieto, Enrique Puente, replicaba duramente por carta a Ramón Lamoneda, Secretario general del PSOE y ferviente partidario de Negrín y la sumisión a los dictados soviéticos de Stalin, defendiendo los postulados e iniciativas de Prieto: “Le ruego que haga lo posible por romper las amarras que ligan al Partido a este desastre y elévelo por encima de las ruinas legales que se han empeñado en hacerlo cómplice, cuando no responsable, de una política que empiezo a creer ha sido calculadamente estudiada para destrozarnos”, introduciendo en el juego de trileros un tema diferente, aunque vinculado, al que Lamoneda abordaba.

 

Las bazas de Prieto

En carta dirigida a Luis Fernández Clérigo, presidente de las Cortes en sustitución de Diego Martínez Barrio, Indalecio Prieto explica las circunstancias en las que llega a su poder el cargamento del Vita y como obra en consecuencia para el mayor beneficio común (carta publicada en el libro de José María Zavala):

“México 8-6-39

Señor don Luis Fernández Clérigo.

Presidente interino de la Diputación Permanente de las Cortes.

París.

Querido amigo: Adjunto a esta carta va un documento que suscriben conmigo los señores Giral, Barcia, Pozas y Gordón Ordás, todos a título de ex ministros de la República española. El documento, como verá, contiene una propuesta a la Diputación Permanente de las Cortes. Dada la naturaleza y la urgencia del asunto, me atrevo a suplicar a usted que convoque con la mayor prontitud posible a la referida Diputación y, además, que cablegráficamente me dé usted cuenta del acuerdo recaído  para ajustar yo mi conducta a la resolución, ello sin perjuicio de que por correo y en forma oficial nos comunique usted lo acordado.

    Para el caso de que un acuerdo afirmativo determinase el traslado a México de la Diputación Permanente o de una Comisión de su seno, como alternativamente proponemos, me permito indicarle que el ministro plenipotenciario de México en París, don Narciso Bassols, está administrando la suma de treinta millones de francos, procedentes del fondo del Estado Español, para el pago de pasajes a México. Podría, pues, dicho señor facilitar el importe de los pasajes a los miembros de la Diputación Permanente que hubieren de venir y a sus respectivos familiares. De otra parte, le diré que en poder de la Agencia Fiscal de México en París, una especie de Delegación de la Secretaría de Hacienda, obra un giro de 258 mil y pico de dólares que fue hecho al señor Martínez Barrio como presidente de las Cortes y del cual no pudo éste hacerse cargo por no haber sido notificado en forma de la existencia de dicho giro, por lo que es posible que dicho giro sea transferido a usted a virtud de la circunstancia de desempeñar interinamente las funciones presidenciales del Parlamento de la República. Pero si surgieran dificultades para extraer de una u otra parte la suma que le fuera a usted necesaria, bastaría un simple aviso cablegráfico que a mí e dirigieran para situarles ahí, también por telégrafo, lo que necesitaran.

    Salúdale muy amistosamente su amigo, Indalecio Prieto.”

    Lo que suponía una confesión del uso del tesoro del Vita, avalado por el documento adjunto a la carta; en él insiste en que la carga del Vita se le concedió a condición de que “ya en tierra el cargamento, fuese yo el director responsable de su custodia”.

    Virgilio Botella, ex director general de los Servicios Administrativos del gobierno republicano en el exilio, recuerda una anécdota ilustrativa referida por Fernández Clérigo de la actitud cambiante e interesada de Prieto (testimonio publicado por José María Zavala):

—Usted primero, señor presidente —rogaba Prieto a Fernández Clérigo—; no faltaba más.

    Y señor presidente por aquí, y señor presidente por allá, pero una vez logrado que votáramos el desconocimiento del Gobierno Negrín y nos hiciéramos cargo de todos los fondos que tuviera el mismo fuera de España para confiárselos a la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), creada en esa misma ocasión, ya no me dirigió la palabra y volvió a ser el hombre adusto que para mí había sido siempre.

    Si ahora nos volviéramos a reunir todo sería muy distinto.

    En realidad Prieto desprecia la emigración, y no lo oculta. Dice que es una emigración de pedigüeños.

    Pero, ¡nos ha jodido! ¿A quién van a pedir las familias necesitadas sino a quien tiene todo lo del Vita?”

    A finales de abril, todo prisas para transportar las incautaciones y expolios de Europa a América, todo desconcierto, argucias y trapazas para disimular el fondo del asunto, Méndez Aspe ordenó a Gamboa que hiciera regresar el Vita a Francia; pero el capitán del yate se abstuvo de dar respuesta tras consultar con Prieto.

    El 3 de mayo, Prieto renueva su iniciativa con el envío de un informe a todas las personalidades y organismos republicanos en el exilio, complementario al dirigido el 12 de abril a la Comisión Permanente de las Cortes; en este documento detalla sus negociaciones con el presidente mejicano que, dice, han tenido por objeto el establecimiento en México de poblados agrícolas, industrias y cooperativas. Asimismo, Prieto anunciaba el interés de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile por abrir sus fronteras a los españoles que a dichos países quisieran dirigirse para trabajar, gestiones llevadas de modo altruista, pese a la desautorización de Negrín.

    El 11 de mayo, para beneficio de Prieto, por conducto de Augusto Barcia, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, respondió al citado informe ofreciendo a Prieto el texto íntegro del acuerdo de la Diputación Permanente (sita en Francia), cuya letra y espíritu modificaban la situación precedente y garantizaban a Prieto la consecución del proyecto que únicamente él conocía.

“Sólo por un fenómeno de amnesia puede afirmarse la afirmación inexacta del Sr. Negrín, en su telegrama a usted, de que se le han concedido máximos poderes por la Diputación Permanente. Ni así está en el texto aprobado [que se adjunta] ni estuvo nunca en el ánimo de la Diputación. Las hipérboles del Sr. Negrín corren a cargo de su fantasía o de su falta de memoria” (citado en el libro de Francisco Olaya Morales).

    La descalificación a Negrín corría pareja a la favorable estimación respecto a las aludidas gestiones de Prieto, lo que le allanaba definitivamente la estrategia; pese a que el 12 de mayo recibió una carta de Ramón Lamoneda en la que se le informaba de la próxima visita a México de Juan Negrín para “disipar las dudas y mal entendidos que pueden existir”. La única pretensión de Negrín con el viaje era recuperar el tesoro del Vita que consideraba de su propiedad.

    Movió pieza rápido Prieto escribiendo a la Diputación Permanente dando acuse de recibo de la misiva firmada por Lamoneda.

“Del tono de la carta parece deducirse que la Ejecutiva [del PSOE] reduce a los términos de una mezquina querella personal la cuestión a que se contraen los documentos citados, y esto exige de mi parte alunas puntualizaciones” (citado en el libro de Francisco Olaya Morales).

    La mayoría antinegrinista en Francia apoyaba cualquier toma de posición contraria al finado Jefe de Gobierno proviniera de donde fuera, de modo que, consciente Prieto de la animadversión reinante, la Diputación Permanente volvió a escribir a Prieto con aún mayor énfasis.

“La Diputación Permanente acordó comunicar al Sr. Prieto que, conocido su documento, reconoce y proclama que ha procedido con toda corrección y honorabilidad, por nadie puesta en duda, e inspirándose, como siempre, en el supremo interés de la República” (citado en el libro de Francisco Olaya Morales).

    A todo eso, Negrín recibía otro varapalo legal a su ilícito plan financiero al plantear el Gobierno Nacional de España un litigio en Inglaterra por la disputa de tres millones de libras esterlinas que se reclamaban legítimamente de vuelta a España junto a los bienes de la empresa Mid-Atlantic creada con fondos españoles.

    Por último, para culminar su obra envolvente, Prieto aseguraba poder apoyar económicamente a la oposición antinegrinista desde México, con influencia entre las autoridades y con los recursos de toda índole por él apropiados.

Responsabilizado del tesoro por la Diputación Permanente de las Cortes en París y por el gobierno mejicano, Prieto había convocado una reunión con los ex presidentes del Consejo de Ministros de la República José Giral y Augusto Barcia, a la que asistieron los ex ministros Sebastián Pozas y Félix Gordón Ordás, para proponer que todos los bienes se pusiesen a disposición de la Diputación Permanente de las Cortes, único órgano que a juicio de los presentes encarnaba la auténtica legitimidad republicana frente a las pretensiones de Juan Negrín.

    Prieto, echando el resto sobre el tapete de juego, voló a París para hacer entrega del restante tesoro del Vita a la Diputación Permanente que, tras una breve deliberación, dejó en su administración el preciado cargamento para distribuirlo en ayudas; a tal fin se constituyó la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) el 26 de junio. De este modo, Prieto lograba el control “legal” del tesoro y el alejamiento de Negrín del poder ejecutivo y de cualquier decisión efectiva, jefe de un gobierno inexistente que ya era rehusado salvo por los comunistas y los nacionalistas vascos, éstos por no integrarse en la Diputación Permanente, actuando por libre como de costumbre.

    Prieto se convirtió en el único amo del tesoro del Vita; y cuando le convenía justificarse por reclamaciones de terceros alegaba que obedecía a indicaciones de la Diputación Permanente -en realidad ajena a toda supervisión- y de la JARE de París; pero en la capital francesa los dirigentes de ésta aseguraban lo contrario: que era Prieto quien mandaba sobre los fondos y desde México. Y gracias a esta gestión de Prieto los dirigentes de la JARE y el SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles o Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles, que fue el primer organismo de auxilio, creado en París en febrero de 1939, teóricamente supervisado por Juan Negrín, que delegó en Francisco Méndez Aspe; en julio de 1939 se creó la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, vinculada a Indalecio Prieto), especialmente los primeros, vivían espléndidamente; y nadie más. (Guillermo Cabanellas, La guerra civil y la victoria, pág. 477: El tesoro del Vita sirvió para que unos inescrupulosos se enriquecieran en tanto que la masa de exiliados soportaba injustas acusaciones; de esta forma culminaba un acto de piratería que no tiene precedente en la historia. La sombra del Vita envilece a los que participan en esta aventura, no sólo carente de heroísmo, sino de dignidad). (Largo Caballero, Mis recuerdos, pág. 265: El tesoro [del Vita] que le birlaron a Negrín sirvió para sembrar el disgusto y la discordia entre toda la emigración. El dinero que debía servir para atender muchas necesidades de los emigrados, si hubiera sido escrupulosa y desinteresadamente administrado, y para preparar una posible repatriación, se ha gastado en ahondar más las diferencias entre los compatriotas, en crear un cisma).

 

Fundiciones y distracciones

El clamor contra Indalecio Prieto y su papel como administrador del tesoro del Vita se hizo notar en la medida de lo posible por parte de quienes se sintieron agraviados y perjudicados de la apropiación indebida y el reparto selectivo. El socialista Juan Sapiña puso empeño en desvelar la mascarada y a su guionista a través de una carta en la que denunciaba la fabulosa fortuna de Prieto; mientras éste, amo y señor del tesoro a resguardo todavía de señalamientos, de acuerdo con su controlada JARE, ordenaba fundir en un taller al efecto las vertientes numismáticas y de metales preciosos (al igual que en su momento hicieran Negrín y Stalin, por cierto), bajo la supervisión de Anastasio de Gracia y el general Sebastián Pozas.  Hubo una explosión en el taller y un muerto, además de alguna que otra distracción de efectos valiosos, y empezó a correr el rumor, hasta confirmarse, de que Prieto negociaba la venta de una partida de piedras preciosas valoradas en 9 millones de dólares, al norteamericano Isidro S. Lipttchutz, conocido como el rey de los diamantes.

    Como nunca existió una relación oficial y fidedigna del tesoro del Vita, Prieto pudo mentir y desmentir a su conveniencia, sumando patrimonio y gozando de sus privilegios. (Máximo Muñoz, dirigente socialista,  en Acusación, págs. 20-21, cuenta: Prieto utilizó, con sus amigos, el yate como vehículo de recreo).

    El expolio criminal contra el patrimonio histórico y artístico de España y el expolio criminal contra la propiedad privada culminaba en la transformación de los objetos para su nuevo y material uso.

 

Acciones contra Indalecio Prieto

Pasado un mes y medio desde que el Vita arribara al puerto de Veracruz en su primera recalada en territorio mejicano, Juan Negrín viajó a Nueva York acompañado de su ministro de Hacienda y hombre de confianza Francisco Méndez Aspe, al que encomendó se desplazara a México para entrevistarse con Prieto y entregarle una misiva personal, que a continuación se transcribe recogida del libro de José María Zavala, manteniendo un tono conciliador y benevolente aunque fingido. Negrín deseaba recuperar para sí el tesoro que había ordenado sacar de España y administrarlo a su conveniencia, como hacía Prieto.

“Mi querido y buen amigo:

    Aprovecho la salida para México de nuestro común amigo don Francisco Méndez Aspe para anunciarle, con estas líneas, mi próxima llegada ahí.

    Pronto tendré ocasión de exponerle v arias razones de mi viaje, pero no es la menor, y desde luego ha contribuido a anticiparlo, mi deseo de que en una entrevista se aclaren los equívocos y las malas inteligencias surgidas en los últimos meses.

    Puede haber habido errores, de una y otra parte y quizá de ambas, pero como nos ha guiado el mejor buen deseo y para mí su estimación y amistad están por encima de cualquier otra consideración, estoy seguro de que con pocas palabras se desvanecería cualquier enojo o molestia que usted sienta.

    Con el afecto y cariño de su amigo,

    J. Negrín.”

    Intentar atraer a alguien que está convencido de que ha obrado adecuadamente es un esfuerzo vano; no en vano Prieto se sabía respaldado por la Diputación Permanente de las Cortes que, desde París, le permitía disponer a su antojo de lo contenido en los baúles y las valijas creyendo que el destino era el pactado. Por lo que su respuesta a la demanda de Negrín, recogida del libro de José María Zavala, fue como sigue.

“Estimado correligionario:

    En respuesta a la carta de usted que me trajo el señor Méndez Aspe al venir de Nueva York,  debo decirle que nuestra amistad ya muy quebrantada a partir de abril de 1938, la considero rota por completo a partir de abril de 1939. Consiguientemente no debe verificarse la entrevista conmigo que proyecta usted a su llegada a esta capital. Habría de ser muy penosa.  Desde luego lo sería en alto grado para mí. Los hechos que motivan mi actitud son tan notorios y de tal volumen que no podrían ser desvirtuados por ningún género de explicaciones. Y puesto que la entrevista resultaría, además de inútil, desagradable, es preferible evitarla.

    Si, aparte de esta amistad ya muerta, tuviera usted algo que decirme, ruégole que lo haga por escrito para que sea también escrita mi respuesta. Así, ante palabras perdurables, se eliminarán los riesgos de interpretaciones equívocas.

    Atentamente le saluda,

Indalecio Prieto.”

    Prieto siempre fue consciente de donde se metía al apropiarse del cargamento del Vita, incluidas las reservas del Hospital de Madrid y del Instituto del cáncer madrileño, y el radio procedente del Hospital de Valdecilla de Santander, que viajaron a bordo del yate y que al descubrir expidió de vuelta a España; una cosa era quedarse con los bienes rutilantes y de fácil permuta producto de saqueos e incautaciones y otra, muy distinta, adueñarse de material clínico. Tenía que guardar las apariencias, de ahí que, junto a esta devolución asomó en Prieto un intento negociador, representando a la Diputación Permanente, con el Gobierno de Francisco Franco, representado por el embajador José Félix de Lequerica, con el objetivo de cambiar lo que iba quedando del tesoro del Vita por el regreso de los exiliados políticos, sin éxito.

    Tampoco quería Prieto que se cuestionara su honradez en la administración del tesoro ni sus intervenciones en favor de los emigrados que llegaban a México, por eso accedió a rendir cuentas al gobierno republicano en el exilio afincado en México a través de una comisión de tres personas que éste organizó para fiscalizar las partidas del JARE. Pero el remedio no fue la solución. Uno de los comisionados, Virgilio Botella, funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado, invalidaba las conclusiones dadas sobre la gestión del JARE al desconocerse los bienes traídos por el Vita y, en consecuencia, los dispuestos por la JARE.

    A Virgilio Botella los responsables de la JARE y comisionados por Prieto le hicieron ver lo inconveniente de tal denuncia cuando el gobierno republicano en el exilio dependía de los recursos que ya controlaba Prieto y su gente; una amenaza que se cumplió. Aunque la JARE corrió una suerte paralela al ser censurada y liquidada a instancias del gobierno mejicano que procedió a sustituirla por la Comisión Administradora del Fondo de Auxilios a los Refugiados Españoles (CAFARE), organismo constituido por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno de México. La CAFARE asumió el control, custodia y administración de los bienes de la JARE, en los que no podían incluirse todos los transportados por el Vita.

    Desde París, a su vez, el gobierno republicano requirió judicialmente a Prieto para que entregase los bienes del Vita que seguían en su poder, sin conocer ni la cantidad ni el valor de los mismos. El magistrado del Tribunal Supremo Carlos de Juan formuló el requerimiento. Y Prieto, bien aposentado en México, lo ignoró.

    El rotativo mejicano Últimas Noticias, con fecha 11-9-1940, acusa a Prieto de falta de honestidad en la administración del tesoro del Vita, de soborno de personalidades y de culpabilidad por denegación de auxilio de la muerte de millares de personas en los campos de concentración y del fusilamiento de otros muchos que se vieron obligados a regresar a España (sic).

    El magistrado español Miguel de Mora Reguejo declaró a un periodista mejicano:

El señor Prieto reparte el dinero que no le pertenece con verdadero nepotismo entre políticos vergonzantes que juzga convenientes a sus planes o entre aduladores sin escrúpulos. Durante la guerra, prevaliéndose de su cargo, consiguió que se le reconociese un crédito a todas luces ilegal, de novecientas mil pesetas, por la supuesta expropiación de El Liberal, de Bilbao, periódico que no era sólo suyo. El gobierno republicano abono al señor Prieto esa absurda suman en francos, al cambio de antes de la guerra, sin tener en cuenta la devaluación de la peseta, con lo que este ser privilegiado logró situar en el extranjero cerca de dos millones de francos. Más tarde, eludiendo otra vez el cumplimiento de sus deberes, el señor Prieto envió a su hijo a Londres, a pesar de hallarse en edad militar, con un cargo oficial para el que no tenía aptitudes, y pagándole unos servicios que no prestaba a costa del tesoro republicano  y, por último, cuando salió de España rumbo a América, recibió cincuenta mil dólares que no justificó jamás. (Citado en el libro de Francisco Olaya Morales).

 

Inventario del Vita

Reiteraba Prieto al ser preguntado por la cuestión, que la falta de un inventario exhaustivo imposibilitaba a cualquiera el conocimiento fehaciente de los bienes transportados por el Vita. Es público y notorio que hubo gran precipitación al acopiar los bienes sustraídos por parte de Negrín y nulo interés por conocer en detalle las partidas almacenadas en las cajas y maletas por parte de Prieto. (Francisco Giral y Pedro Santidrián, La República en el exilio, pág. 80: Tenemos que recordar que Prieto siempre encontró la forma de evadirse cuando le pedían una declaración detallada de cuanto llegó a bordo del Vita).

    Sin embargo, consta una referencia suficiente acerca del contenido genérico de los muchos bultos cargados en su bodega para el viaje trasatlántico, y Prieto disponía de ella, de manera que ciertos allegados recuperaron las joyas que denunciaban sustraídas de los lugares donde se produjeron robos y expolios, como, por ejemplo, la esposa de Augusto Barcia, Rita Labra.

    La sucinta relación de los bienes empaquetados y etiquetados es de José María Sabater, publicada en el libro de José María Zavala.

Bultos

1 al 10: Objetos entregados por la Caja de Reparaciones

11: Depósitos Banco de España de gran valor

12: Monte de Piedad de Madrid. Gran valor.

13: Monte de Piedad y depósito Banco de España. Gran valor.

15: Depósitos Banco de España.

16: Depósitos y una custodia de gran valor.

17: Depósitos banco de España.

18: Depósitos Banco de España y una custodia de la Caja de Reparaciones.

19: Depósito Banco de España y especial de Caja de Reparaciones.

20: Depósitos Banco de España y una custodia de la Caja de Reparaciones.

21: Depósitos Banco de España y dos custodias de la Caja de Reparaciones.

22: Depósitos Banco de España y una custodia de la Caja de Reparaciones.

23: Depósitos Banco de España.

24: Depósitos Banco de España y una custodia de la Caja de Reparaciones.

25: Objetos religiosos de la Caja de Reparaciones de excepcional interés.

26: Depósitos de Alicante.

27: Depósitos Banco de España.

28: Depósitos Banco de España y objetos religiosos de la Caja de Reparaciones.

29: Depósitos Banco de España y dos custodias de la Caja de Reparaciones.

30: Depósitos Banco de España y Castellón.

31: Depósitos Banco de España.

32: Depósitos Banco de España y entregas al Ministerio de Hacienda. Gran valor.

33: Depósitos Banco de España y entregas al Ministerio de Hacienda.

34: Depósitos Banco de España.

35: Depósitos Banco de España y entregas al Ministerio de Hacienda.

36: Depósito.

37: Objetos varios.

38: Cajón entrega Generalidad de Cataluña oro amonedado.

39: Depósitos de bancos y reliquias del Patrimonio Real. Todo el joyero de la  Capilla Real. El Clavo de Cristo.

40: Depósitos Monte de Piedad.

41: Depósitos Banco de España y custodia.

42: Depósitos Banco de España y lingotes de oro.

43: Depósitos Banco de España y lingotes de oro.

44: Depósitos Banco de España y objetos históricos de la catedral de Tortosa.

45: Depósitos Banco de España y objetos históricos de la catedral de Tortosa.

46: Objetos religiosos y ropa de gran valor artístico e intrínseco.

47: Objetos religiosos de gran valor artístico e intrínseco.

48: Entrega Generalidad de Cataluña. Objetos de gran valor.

49: Ropas y objetos religiosos procedentes de la catedral de Toledo, entre ellos el Manto de las cincuenta mil perlas.

50: Ropa y objetos religiosos de Toledo. Depósitos del Monte de Piedad de Madrid y tres sobres de la Caja de Reparaciones conteniendo brillantes de alta calidad y gran valor.

51: Depósitos del Monte de Piedad de Madrid.

52 al 54: Depósitos del Monte de Piedad de Madrid.

55: Depósitos Banco de España.

56: Depósitos Banco de España.

57: Una colección de relojes de valor histórico y artístico.

58: Colecciones de monedas de oro de valor numismático. Ejemplares únicos de incalculable valor histórico.

59: Colecciones de monedas de oro de valor numismático. Ejemplares únicos de incalculable valor histórico.

60: Depósitos objetos de valor. Caja de Reparaciones.

61: Depósitos y entregas Ministerio de Hacienda.

62: Colección de monedas valor numismático y objetos de valor. Ministerio de Hacienda.

63: Caja de Reparaciones. Objetos de  valor.

64: Caja de Reparaciones y Monte de Piedad.

65 al 78: Depósitos Monte de Piedad.

79: Depósitos Monte de Piedad y Banco de España.

80: Depósitos Monte de Piedad y Banco de España.

81: Caja pequeña de madera conteniendo el monetario de la Casa de la Moneda de Madrid, de oro. Mucho valor.

82 al 84: Depósitos Banco de España.

85 al 87: Caja de Reparaciones. Objetos de gran  valor.

88: Depósitos bancos y Monte de Piedad.

89: Entrega de la Generalidad y Monte de Piedad.

90: Entrega de la Generalidad y Monte de Piedad.

91 a 93: Depósitos Monte de Piedad.

94: Entregas de acuerdo con Decreto. En depósito.

95: Depósitos Generalidad y otros.

96: Entregas de acuerdo con Decreto.

97 y 98: Depósitos Monte de Piedad.

99: Depósitos de la Generalidad y sacos con monedas de oro, sin revisar su valor numismático.

100: Varios bultos con objetos de valor.

101 y 102: Objetos de culto de la Capilla Real de Madrid.

103 al 110: Depósitos Monte de Piedad.

 

Valoraciones del tesoro

Un informe del Banco de México confirma que entre enero y mayo de 1940 la JARE de Prieto le envió un fabuloso cargamento de oro fino para que procediera a fundirlo: entre el 15 de enero de 1940 y el 17 de mayo de 1940 se entregaron 1.488.105, 720 kilos de oro fino valorado en 9.765.534,35 pesos.

    Parte del oro recibido por el Banco de México fue expedido en 1942 a Estados Unidos, donde también se enviaron lingotes de oro que el Vita transportó hasta Tampico, sin motivo cierto salvo la sospecha de que ante una inminente intervención del gobierno mejicano, la JARE resguardó en lugar seguro su incautación. El 9 de diciembre de este año la JARE presentó al serle reclamado un informe al gobierno del general Ávila Camacho, sucesor de Lázaro Cárdenas. En el documento, la JARE administrada por Prieto, Esplá y Andreu, declaraba unos ingresos totales de 38.837.615,84 pesos mejicanos por todos los conceptos: cargamento del Vita, los valores de diversas nacionalidades que con la caída de la República se depositaron en Nueva York y el material aeronáutico transportado de Estados Unidos a México. De esta suma sólo quedaban 10.295.434,42 pesos cuando se hizo cargo de su administración la Comisión creada por Ávila Camacho (recogido en el libro de José María Zavala).

    El cargamento del Vita puede valorarse en tres mil millones de francos, según Luis Fischer, hombre de confianza de Negrín, ó en 500 millones de dólares según el propio Juan Negrín; el Departamento de Averiguaciones de México calcula que asciende a 24 millones de libras esterlinas. Antonio Manresa dice que se estimaba su valor en 400 millones de pesos, y que era fabuloso el tesoro.

 

Fuentes principales

José María Zavala, Los gángsters de la Guerra Civil, Random House Mondadori – DeBOLS!LLO (2006).

Francisco Olaya Morales, La gran estafa de la Guerra Civil, Belacqva de Ediciones y Publicaciones (2004).

Eso de la libertad para el marxismo bolchevique

 

El enemigo es la libertad

Los violentos sucesos de 1909, con focos en la guerra de Marruecos y en el obrerismo anarquista barcelonés, alteran sustancialmente la política española; en un primer estadio imposibilitan las reformas planteadas por Antonio Maura y provocan su defenestración. Desde entonces y prácticamente hasta 1921, el reinado de Alfonso XIII no logra tomar las riendas de la vida nacional; uno tras otros se suceden los episodios de enfrentamiento y desestabilización: en 1912 el asesinato del presidente del Gobierno José Canalejas precariza por la fuerza el régimen de la Restauración (que finalizaría de facto en 1923); en 1917 los vientos revolucionarios que barrerán el oriente europeo un año después provocan un estallido político, social y militar, con reivindicaciones encontradas y manifestaciones muy beligerantes; entre 1918 y 1921, el final de la Gran Guerra y el retorno a las situaciones precedentes, desencadenan ofensivas de toma de posiciones, lucha de clases promovida y el asesinato de otro presidente de Gobierno, Eduardo Dato.

Caos y desconcierto se pasean por las calles de las principales ciudades españolas para enseñorearse de la mayoría de las voluntades, las proclives a la anarquía y la confrontación para ganar espacio y las contrarias para mantener la legalidad vigente.

 

Un débil gobierno de coalición liberal-conservadora, presidido por Manuel Allendesalazar —el primer gobierno que preside, entre el 12 de diciembre de 1919 y el 5 de mayo de 1920— discute en las postrimerías de 1919 cómo mejorar la situación española en general y cómo aplacar los ánimos levantiscos, con más vacilaciones que determinación, mientras la importante sindical anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT, convoca su segundo congreso nacional en el teatro de la Comedia de Madrid. Los cuadros dirigentes de los anarquistas sindicados piden la vuelta a la acción directa tras, a su juicio, la inoperancia del diálogo social; con esta proclama de lucha abierta la dirección del sindicato pretende disimular el fracaso de las propuestas de sus líderes moderados en el seno de la organización, ya muy radicalizada. Es un congreso altivo, exaltado, incendiario en el que durante las dos jornadas de duración los reunidos en la Comedia desafían a la Unión General de Trabajadores, el sindicato socialista UGT, de fuerte implantación ene l obrerismo madrileño, vinculado inextricablemente al PSOE. Declaran la CNT que si la UGT no se deja absorber por la inercia del sindicato único será formalmente considerada como “amarilla”, es decir, vendida a los patronos. De ese color desacreditado y peyorativo eran para los anarquistas de la CNT los sindicatos católicos industriales que en ese 1919 se habían integrado en una confederación nacional paralela, aunque menos poderosa que la de los sindicatos católicos agrarios.

El poderío que mostraba la CNT no ocultaba, sin embargo, una naciente escisión originada en Cataluña por los denominados sindicatos libres, dirigidos por Ramón Sales Amenós, integrados por numerosos trabajadores asalariados de procedencia carlista y patrocinados por el gobernador militar de Barcelona, general Severiano Martínez Anido, el gobernador civil de la ciudad condal, Francisco Maestre, conde de Salvatierra de Álava y el jefe superior de Policía de la misma, Miguel Arlegui, mermaban la aparente y aireada unidad. Con este asunto pendiente pero marginado, el congreso sindicalista del teatro de la Comedia acuerda adherirse, provisionalmente, a la III Internacional comunista de Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin; la decisión final será tomada en base al informe que sobre ella emita Ángel Pestaña, enviado a Rusia para entrevistarse con el dictador bolchevique.

 

El distante pero muy promocionado escenario soviético, del que sólo llegan noticias laudatorias, atrae como un imán a los movimientos revolucionarios españoles de todos los signos, aunque pronto y por la vía de los hechos comenzarán los desengaños.

La CNT quiere a toda costa el control de la masa sindicalista, y para ello diversifica su actuación y presencia sociales. En 1920 estos núcleos autónomos pero con dirección única y férrea, promueven el terrorismo, la agitación callejera, a cargo principalmente de Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Juan García Oliver y Rafael Torres Escartín; y un sindicalismo de corte anarquista, con nombres como: Salvador Seguí (alias el noi del sucre), Juan Peiró, Salvador Quemades y Evelio Boal. Muy próximos a ellos pero con menor radicalidad se situaron los “centristas” como Ángel Pestaña y Manuel Buenacasa. Y adyacentes a los anteriores aparecen los tendentes al comunismo Joaquín Maurín, Andrés Nin e Hilario Arlandis, que fuerzan la adhesión provisional de la CNT a la III Internacional.

Cuando Ángel Pestaña llega a Moscú para iniciar in situ su informe observa flagrantes contradicciones entre los manifiestos repetidos hasta la saciedad y la práctica cotidiana, básicamente en la dirección jerarquizada del movimiento bolchevique que ostenta y derrocha mintiendo y anulando los principios revolucionarios, que recrimina en persona a Lenin. Andrés Nin, de la corriente integradora con los bolcheviques, pasará por alto los engaños y se convertirá en portavoz de los comunistas en el seno de la CNT. Tras su complicado regreso, enfilado por los comunistas soviéticos y su correa de transmisión española, Ángel Pestaña convence a sus correligionarios y por tanto la CNT repudia la III Internacional, con lo que se mantiene en la misma línea antimarxista que sus lejanos antecesores, los internacionalistas españoles de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, cuyo nombre histórico fue Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864 por Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin) en el siglo XIX.

Este 1920 se restablece entre la CNT y la UGT la concordia de 1917, rota en el agresivo congreso sindicalista del teatro de la Comedia. Los dirigentes socialistas seguían respecto a la III Internacional comunista un camino paralelo al de sus aliados sindicalistas. En un congreso a fines de 1919, los socialistas Habían rechazado la adhesión a la III Internacional; en junio de 1920 celebraron un nuevo congreso para tratar el mismo tema, acordando una adhesión condicionada al informe del profesor Fernando de los Ríos en su visita a Lenin.

Viaja a Rusia De los Ríos y ante sus objeciones sobre las dificultades que el marxismo-leninismo oponía al desarrollo democrático de la libertad, Lenin le contestó con una respuesta famosa a modo de pregunta: “¿Libertad, para qué?”, que explica más y mejor sobre las intenciones de la III Internacional comunista que cualquier enciclopedia al dictado de sus patrocinadores. Analizado el informe, el partido socialista y su sindicato UGT desecharon integrarse en la órbita comunista.

Sin embargo, el doble y enérgico rechazo al marxismo leninismo por parte de los dos grandes movimientos revolucionarios españoles precipitó escisiones minoritarias en número y calidad en los respectivos senos que dieron origen al partido comunista de España; el objetivo por acción u omisión de Lenin y su III Internacional. Y aún más: del mayoritario rechazo sindicalista surge un partido comunista regional, la Federación catalano-balear, dirigida por Joaquín Maurín y Andrés Nin, que expulsada por contravenir la ortodoxia comunista se convertirá en el partido trotskista español, cuyo nombre oficial será BOC (Bloque Obrero y campesino), que unido a la izquierda comunista formará en 1936 el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), con minoritaria pero considerable base de masas procedente de una parte de la CNT de Cataluña.

El rechazo de la dirección socialista en 1919 forzará la constitución del Partido Comunista Obrero, con algunos veteranos del PSOE como Daniel Anguiano al frente. En abril de 1920 un emisario soviético, Mikhail Borodin, encarga al mejicano Manuel Ramírez la fundación de un nuevo grupo en el mosaico revolucionario español, el Partido Comunista de España, aparentemente dirigido, o mandado por delegación expresa, por Ramón Merino Gracia. Moscú ordena rápido la fusión de los dos grupos, y el PCO domina entonces al PCE hasta que se produce una nueva escisión en el socialismo (PSOE) cuando éste rechaza definitivamente en 1921, por nueve mil votos contra seis mil, la adhesión a la III Internacional. Ocasión aprovechada por un grupo sedicioso de las juventudes socialistas, dirigido por el capitán Óscar Pérez Solís, para ingresar en el partido comunista unificado (PCE) logrando su control y dividiendo al PSOE.

 

El tránsito entre la II y la III Internacional

La II Internacional, creación de Engels, entró en crisis al finalizar la Gran Guerra (I Guerra Mundial). Debido a su fracaso por impedir el conflicto bélico, la II Internacional se limitaba a vivir de pretéritas intenciones y símbolos, mientras que en Europa los partidos a ella integrados derivaban hacia la colaboración con los grupos burgueses en una naciente socialdemocracia, doctrina política bien acogida por ambas partes, pues sustituía la revolución por la evolución y el reformismo. Con la excepción española del PSOE, dividido por sus luchas intestinas, por características ambiciones de poder y la innata tendencia a destruir al oponente antes que convencerlo, formación política que mayoritariamente adoptó la consigna revolucionaria. El socialismo en América del Norte y Europa se configuraba cada vez más como un humanismo refractario al marxismo, al tiempo que en España el socialismo del PSOE se reafirmaba en la ortodoxia marxista y respiraba de los aires revolucionarios de la Unión Soviética.

 

Los bolcheviques rusos en 1917 convalidaron la guerra mundial en guerra civil, tomaron el poder a sangre y fuego y prolongaron la lucha interior durante cuatro años con un balance de daños personales y materiales muy superior al ocasionado por la Gran Guerra. Las víctimas civiles causadas por el hambre y el terror, especialmente el de la Cheká (Checa) bolchevique, imposibles de calcular fidedignamente, pudieron ascender a quince millones, cifra rebasada por la adición del millón y medio de soldados caídos en combate.

El panorama era desolador en todos los aspectos, pero se ciñó la evaluación de pérdidas al ámbito económico. Con la economía hundida, los marxistas bolcheviques renunciaron a su comunismo de guerra y permitieron, siquiera tímidamente, vigilada, la iniciativa privada, denominada Nueva Política Económica, que alivió el desastre. Pero como esta política económica de iniciativa privada en los años veinte, un tanto liberal, obviamente era peligrosa para el régimen soviético, Stalin (Iósif Vissariónovich Stalin) la abolió en 1928 y sustituyó por una economía planificada, centralizada, ahormada a unos planes quinquenales que iniciando un período de rápida industrialización forzosa y de colectivización económica en el campo, causaría un espeluznante deterioro medioambiental (no revelado al mundo hasta pasadas varias décadas),  nuevas y enormes hambrunas y más terror con hasta siete millones de muertos en Ucrania (el holodomor o genocidio ucraniano) y otros tantos en la suma de diversas regiones.

 

A Lenin le falló Alemania. Confiaba en el que la potencia germana y sus zonas de influencia abonaran el experimento comunista. Al no ser así, Lenin optó por enrocarse en un régimen y un territorio, inmenso, y estimular los movimientos revolucionarios por doquier; siendo España, por motivos sociales y geográficos, uno de las preferencias; que reiteró Stalin años después con la implantación de los Frentes Populares.

Con el objeto de expandir el comunismo y consolidarlo al cabo como fuerza hegemónica en todos los órdenes, Lenin creó en 1919 la III Internacional o Comintern (Internacional comunista) que debía desbancar a la II Internacional, calificada de traidora al proletariado. Era la coordinada puesta en marcha de las revoluciones.

 

III Internacional

Comintern (o Komintern) es el nombre que recibe la III Internacional (o Internacional Comunista), fundada por Lenin el 4 de marzo de 1919 en Moscú, con el objetivo de extender la revolución bolchevique por el mundo. La III Internacional se opuso al socialismo reformista, evolución de la II Internacional,  y fue plenamente controlada por la autoridad comunista de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). En 1943 fue disuelta por Stalin para mejorar las relaciones con sus aliados occidentales durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

 

La III Internacional tenía como principales objetivos la constitución de una unión mundial de partidos comunistas y convertirse en el órgano director de la revolución comunista. En Moscú, la capital del ansiado imperio soviético, se dieron cita delegaciones de treinta y siete países.

Organizada a imagen y semejanza del Partido Comunista soviético, en seguida se convirtió en el instrumento de aplicación de las consignas del gobierno de Moscú en todo el mundo.

 

En el congreso de la Comintern celebrado el año 1921, se aprobó la búsqueda de la unidad con socialistas, sindicalistas e incluso socialdemócratas; con un velado propósito unificador bajo un mando exclusivo e incuestionable. Con el ascenso de Stalin a la jefatura soviética, el futuro vínculo con la socialdemocracia quedó roto al considerar sus teorías enemigas de la clase obrera. Fue alcanzada la unidad estratégica (un eufemismo que encubría la posterior absorción) con socialistas y sindicalistas en el congreso de 1935, el último de la III Internacional, cuyo mandato básico era el de la creación de los Frentes Populares.

 

EL PCE: papel y representatividad

1921 es el año de la fundación del PCE, sometido a una tutela servil por los delegados soviéticos.

La sección española de la III Internacional sólo contaba entonces con unos centenares de miembros inoperantes por completo en política, sin influencia alguna en el movimiento obrero, desconocidos en el plano político nacional. El movimiento obrero constaba en España de un indeciso sindicalismo católico, un partido socialista adherido a la II Internacional y la CNT, organización a la que correspondía la más amplia base de masa obrerista hasta 1936 (de seis a diez veces superior al sindicalismo católico y al socialista). La CNT estaba adherida a la AIT e identificada con ella, ya que el anarquismo organizado desapareció prácticamente de Europa en la primera década del siglo XX y los diversos sindicalismos sucumbieron de grado o por fuerza a la obediencia de los partidos socialistas y, sobre todo, después, comunistas.

 

El PCE carecerá de verdadera influencia social y política hasta 1934, en la onda agitadora y propagandista de la revolución de octubre en España.

Desde su fundación estrictamente controlado por personajes soviéticos, emisarios permanentes del gobierno de Stalin como Humbert Droz, que sucede a Borodin, y luego varios representantes de la Comintern irán tomando el relevo: Geroe, Jacques Duclos, Palmiro Togliatti, André Marty; sin un paréntesis de fisura. Moscú, que aún no controla a los grandes movimientos obreros españoles y que no se fía de los designados españoles, encarga la tutela del PCE a los leales y poderosos partidos comunistas de Francia y de Italia.

En sus fases sucesivas de marginación, de auge, de derrota y de clandestinidad, el PCE no ha sido más que una marioneta del mandato soviético y por orden de éste, para no perder al dependencia, de los partidos italiano y francés. Uno de sus secretarios, Enrique Matorras, diagnosticó certero y punzante —tanto que sus correligionarios le asesinaron por su clarividencia en 1936— la verdadera misión estratégica del comunismo español: “En suma, la III Internacional procura por todos los medios tener en cada país un equipo de hombres pagados, a su completo servicio, que sean los encargados de mantener un estado de agitación según las necesidades y conveniencias de una potencia extranjera”.

El PCE, por delegación de la III Internacional comunista y a la orden de los mentores de la Rusia soviética, durante la vigencia de la II República en España y, a continuación, mientras dominaron la progresivamente menguante zona republicana o frentepopulista en el transcurso de la guerra civil entre 1936 y 1939, se opusieron activamente a cualquier esperanza de concordia social entre los españoles. Para los comunistas la República sólo podía ser de inmediato marxista, soviética. El profesor de ciencia política David T. Cattell, en su obra Communism and the spanish civil war resume el propósito de los agentes soviéticos en España: “La Internacional comunista ha tenido interés desde hace mucho tiempo en España como zona de perturbación en el mundo. Artículos sobre España aparecían con frecuencia en La Internacional Comunista, la revista de la Comintern. Por ejemplo, un artículo de 1931 declaraba: ‘Las perspectivas para la revolución española son inmediatas'”. Referencia documental citada por el historiador José Manuel Martínez Bande en su obra Los años críticos, (Ediciones Encuentro, Madrid).

Compendio de la I República

 

Si la historia pudiera modificarse por desplazamiento, gran parte del siglo XX español convendría conducirlo a encierro bajo siete llaves y sendos candados, y a ser posible, que no lo es, bueno sería eliminarla y con esa parte excesiva, de sucesivos enfrentamientos, de traiciones importadas, porfías vanidosas de carácter autóctono, visceral, y envidias sempiternas más odios enquistados y recalcitrantes, la herencia, el legado, la secuela que sigue invadiendo de aquéllos males el terreno presente y los caminos futuros. Junto a esas paradojas que definen hacia lo negativo e inverosímil la realidad que fue y es.

Entonces —casi igual que después, al cabo de cuarenta y ocho años con sus bondades y sus diatribas— unas Cortes monárquicas trajeron la república, la marcada con el ordinal primero, por 258 votos contra 32; una república derribada por los propios republicanos, esmerados a ello, trascurrido un año de ejercicio.

La Primera República en España es la consecuencia de la revolución septembrina de 1868, llamada la Gloriosa, que surcó durante seis años la vida nacional en el denominado sexenio revolucionario.

Consta el periodo republicano en el siglo XIX de dos etapas, cada una de ellas inferior a un año: la primera, caótica, corresponde a la república propiamente dicha, entre el 11 de febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874, terminada con irrupción del general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque; la segunda, desde ese día al 29 de diciembre de 1874, presidiendo el general Francisco Serrano y Domínguez, una trastabillada república, ya indefinida sin declaración expresa de república o monarquía, no obstante unitaria por la determinación de su presidente, concluido el gobierno que dejó paso al de Práxedes Mateo Sagasta que finalizó con el pronunciamiento en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos y el encaminamiento a la restauración borbónica guiado por Antonio Cánovas del Castillo.

El historiador José Antonio Vaca de Osma recoge las apreciaciones del profesor José María Jover, en las que señala que “el tipo humano imperante en el advenimiento forzado de la república era el agitador, el político de café, mitad literato, generalmente provinciano, protagonista de la bohemia”; según el profesor Antoni Jutglar, “el engañado proletariado”, para lo que suele contribuir eficazmente cuando las aguas bajan revueltas, “confunde república con reparto de tierras”; y el historiador Jesús Pabón y Suárez de Urbina dice que “la libertad y la crítica se confunden con el insulto y la bullanga con el botín”. Un panorama delator de los trasfondos”

Escribe Benito Pérez Galdós:

“Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena.”

* * *

 

Acto primero

En honor a la verdad, léase justicia histórica, rigor, certidumbre, la República no llegó a ser tal pues no hubo para ella Constitución, por lo que, velis nolis, quedó nominalmente adscrita a una fórmula precaria, provisional, de Gobierno ejecutivo. República proclamada por las Cortes a fecha de 11 de febrero de 1873, que sobrevivió a sus propios y exclusivos vaivenes hasta el 29 de diciembre de 1874.

El primer presidente del Gobierno ejecutivo de la abstracta república fue Estanislao Figueras y Moragas, catalán de matices grisáceos de cuyo recuerdo se conserva el adiós, su despedida del cargo, sobre otras cuestiones como, venga a colación, la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes; que solía comentar: “Yo no mando ni en mi casa”. A los trece días de su toma de posesión, Figueras renovó su gobierno, finiquitado el primero por el desfonde de la disciplina cívica y militar que vivió el nacimiento de la III guerra carlista en la zona septentrional de España y la disgregación cantonal-separatista en Cataluña, proclamado el Estado Catalán desde la Diputación de Barcelona; a río revuelto ganancia de pescadores. Los comicios a Cortes Constituyentes tuvieron lugar del 10 al 13 de mayo, siendo vencedores de los mismos los republicanos federales con una mayoría aplastante, favorecida por la ausencia de representantes políticos de las otras formaciones del espectro político, de carlistas a monárquicos alfonsinos, de obreristas internacionalistas a republicanos unionistas. Con una participación resultante inferior al 40%, cuarenta diputados no pasaron de tener mil votos y el más votado fue un candidato de ficción por Cartagena, el señor Lapizburu, que no existía y que logró la friolera de 9.622 votos. A la exclamación de “¡Señores, ya no aguanto más! Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”, Figueras dijo adiós a la jefatura.

 

Acto segundo

A Estanislao Figueras le sustituye otro personaje también huidizo y catalán, Francisco Pi y Margall, federalista teórico, político de escasas dotes y persistente retraimiento, que duró un mes mondo y lirondo en el cargo. Se pregunta a la vista de los acontecimientos: “¿Qué república es esta?” Durante su exigua presidencia se redacta el proyecto de Constitución federal, que en eso quedó, y España casi se desintegra: estalla en casi todo el litoral mediterráneo y en numerosos puntos del interior la sublevación cantonal. Apunta el historiador Ricardo de la Cierva y Hoces: “Con la indisciplina militar rampante y paralizados por la inhibición suicida del gobierno (la presidencia de la República y la el gobierno se identificaban), los generales, desesperados, no saben cómo frenar todas las derivas perjudiciales para la nación”.

Escribe Francisco Pi y Margall:

“Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien.”

 

Acto tercero

El siguiente por turno presidencial fue Nicolás Salmerón Alonso, profesor de filosofía que dimitió al mes y medio de ocupar el cargo presidencial por razones de conciencia. Inicio su mandato con energía, encomendando al Ejército la sofocación de la revuelta separatista en la zona mediterránea, la más virulenta y también esperpéntica. Y lo acabó el 6 de septiembre por su negativa a firmar unas sentencias de muerte, a pesar de su decidida autoridad y de haber eliminado el cantonalismo andaluz, por el general Pavía, y el levantino por el general Martínez Campos; dos asuntos menos que lidiar.

 

Acto cuarto

Emilio Castelar y Ripoll, historiador, periodista y orador grandilocuente, fue el último de la tétrada de presidentes civiles al frente del poder ejecutivo. Batió la marca de permanencia en el cargo, llegando a gobernar tres meses. Su intento gubernamental pretendió un equilibrio entre la actividad enérgica y la retórica difusa, aunque sonora y estimulante. Restableció la disciplina en el Ejército, ejecuta por firma las penas capitales que se le presentan y atiende las exigencias del general López Domínguez en aras a poner fin la insurrección del sarcásticamente afamado cantón de Cartagena; lo que se consigue con la jefatura del general Serrano unos días después del golpe de Pavía.

Escribe Emilio Castelar y Ripoll:

“Hubo días de aquel verano [1873] en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de Guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes; y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo a rebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un ministerio al ministerio existente, ni una forma de Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua coronilla de Aragón (sic), como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa Universidad y el eclipse de su predominio científico.”

 

Acto quinto

El fracaso del proyecto constitucional de Castelar culminó con la entrada del general Pavía a caballo en el Congreso de los Diputados, en la madrugada del 3 de enero de 1874. A la alta Cámara llegaban noticias, más que rumores, de una inminente intervención del Ejército, que acogía en sí el hastío y la indignación de los españoles por la tragicomedia bufa del propósito republicano: caos, desorden, vanidades derrochadas, tropelías, ensoñaciones colectivas contra el vecino y desmanes de toda laya. Castelar, izado al puesto de mando, pero no a la cofia del vigía que primero ve lo que se echa encima, anuncia, a modo de proclama: “Yo, señores, no puedo hacer otra cosa más que morir aquí el primero con vosotros”. Curiosamente, paradojas de la política alucinada, en esa sesión de Cortes la mayoría de los diputados aprobaba el derribo de Castelar como presidente, a lo que se oponía el Ejército, precisamente el Ejército, porque era hombre de orden. Las tropas acceden a la carrera pero aún no asoman por la puerta, momento de renovar la invectiva heroica de Castelar a los ya enmudecidos y expectantes diputados: “Aquí con vosotros, los que esperáis, moriré y moriremos todos”. Entra la Guardia Civil precediendo a la tropa del general Pavía. Castelar les dice: “Yo declaro que me quedo aquí y aquí moriré”. Pero, un segundo después, cambia de criterio y ni se queda ni se muere. Los diputados que todavía no habían escapado del Congreso por pasillos o ventanas se someten a la conducción de la nueva autoridad.

Fue el fin de la Gloriosa, como ellos mismos llamaron a su ensayo republicano. Vuelve al poder el general Francisco Serrano, presidente de una república unionista, y en su agenda inmediata tres guerras civiles simultáneas: la cantonal, todavía coleando, la carlista y la auspiciada en Cuba. Capear temporales, eso hizo Serrano mientras crecía y se patentizaba el descontento hacia el régimen republicano, que a la sazón favorecía la causa de la restauración concebida y modelada por Cánovas. Que fue alumbrada por el pronunciamiento de Sagunto, encabezado por el general Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. Un pronunciamiento acabó de facto con la I República y otro, un año después, de iure con la provisionalidad transitoria del apéndice republicano del duque de la Torre.

* * *

 

Presidentes del Poder Ejecutivo durante la I República

Estanislao Figueras y Moragas, del 12 de febrero de 1873 al 11 de junio de 1873.

Francisco Pi y Margall, del 11 de junio de 1873 al 18 de julio de 1873.

Nicolás Salmerón Alonso, del 18 de julio de 1873 al 7 de septiembre de 1873.

Emilio Castelar y Ripoll, del 7 de septiembre de 1873 al 3 de enero de 1874.

Francisco Serrano y Domínguez, del 3 de enero de 1874 al 30 de diciembre de 1874.

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Apoteosis, despedida y cierre

La sociedad española no había apostado por el cambio de régimen; la república le era ajena e incomprensible, y detestable la actitud de gran número de dirigentes republicanos, prestos a la desintegración y ávidos en protagonizar en el enfrentamiento.

El cantonalismo, principalmente, pero no como único factor en liza partidista, socavó la intentona revolucionaria hacia el republicanismo. Los españoles sintieron una pulsión desestabilizadora, anárquica, y plena de controversias hueras. El campo de formaciones progresistas-republicanas es un patio de monipodio, con muchas voces, proclamadas de intelecto, y gallos, surgidos al calor de las fricciones, pero ninguna coherencia legislativa salvo para fraccionar y ahuecar dejando sitio muelle para el nuevo. En el campo titulado demócrata, los radicales se asocian a los federales de derecha para crear el partido republicano unitario, de vida efímera aunque mayor coherencia, que se destina a luchar contra las revueltas sociales y el cantonalismo, aceptando las reformas como vía de acción parlamentaria pero sin que éstas se hallen vinculadas, patrocinadas o dirigidas por el socialismo, que, según exponen, es la negación de la libertad y el progreso.

La insurrección cantonal, o de todos contra todos y a ver quién puede más, parte orquestada por activistas republicanos federales de cariz extremo, que, entre otras cosas de suma gravedad, desacreditaron al republicanismo. Cabe señalar que la marea cantonal no fue genéricamente internacionalista, de socialistas y anarquistas con apoyo republicano masón, pero sí hubo participación individual de los internacionalistas en algunos lugares de España.

Una atinada definición del cantonalismo rampante corresponde al diputado republicano Nicolás Estévanez Calderón al asegurar que se compone de: “Tiros, coplas, libertad sin orden y sin autoridad”.

Digno y útil de constatar es que los cantonalistas derrotados corrieron a reconocer a Alfonso XII, con el advenimiento de la restauración borbónica, o derivaron hacia la anarquía y el marxismo.

 

Síntesis de Marcelino Menéndez Pelayo

Hubo manifiesta discordia entre los vencedores en la batalla de Alcolea, que puso fin al reinado de Isabel II, y a la dinastía Borbón: unionistas, progresistas y demócratas, y aun entre estos mismos, inclinándose uso a la monarquía, otros a la república, y dividiéndose estos últimos en unitarios y federales, en socialistas e individualistas. Estas divisiones intestinas y otras infinitas miserias, cuyo recuerdo sería tan largo como lastimoso, aparecieron más de lleno durante el efímero reinado de don Amadeo de Saboya, duque de Aosta, e hijo de Víctor Manuel, a quien el voto de 191 diputados llevó al trono.

Las insurrecciones republicanas estallaron con violencia inusitada en varios puntos; al mismo tiempo, el peligro social, los excesos de la revolución desbocada y el carácter antirreligioso que desde el principio tomó dieron nueva fuerza y extraordinarios bríos al partido carlista, que se lanzó de nuevo a las armas, con grandes recursos y hasta con esperanzas de triunfo. Para colmo de calamidades, en la isla de Cuba ardía desde 1868 una tremenda insurrección contra la Madre Patria.

Tantos elementos juntos de división y ruina aceleraron la caída de Amadeo I, sustituyéndole una anarquía con nombre de República, a la cual sucesivamente presidieron Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Media España, entre cantonales y carlistas, les negaba la obediencia y hubo momentos en que pudo decirse que el poder del Gobierno central no se extendía más allá de las tapias de Madrid. El cantonalismo más feroz y desgreñado imperaba en Cartagena, en Málaga, en Cádiz y en otras ciudades, y la indisciplina avanzaba en el Ejército a pasos agigantados, a pesar de tener a los enemigos enfrente. El señor Castelar decretó una quinta general y extraordinaria y trató de reorganizar el Ejército, obteniendo algunas ventajas sobre los insurrectos de Andalucía; pero la República se había hecho insostenible y el país pedía a voz en grito su terminación. Por eso fue saludado con tanto júbilo el golpe de estado del 3 de enero, en que el general Pavía disolvió las Cortes republicanas. Siguió un Ministerio de transición, que sólo sirvió de puente para la monarquía de Alfonso XII, en nombre del cual se pronunció en Sagunto el general Martínez Campos [el 29 de dicimebre de 1874].

 

Apostilla

El Proyecto de Constitución federal del año 1873, redactado por Emilio Castelar, refleja su personal concepción de la República. Considera este régimen como la forma de gobierno más adecuada para dar cabida a todas las opciones liberales. Ese era su deseo. Pero para que fuera aceptable a ojos y arraigados sentimientos de los conservadores y lo que podría deducirse como la clase media era imprescindible eliminar lo que el propio Castelar llama demagogia roja, ese discurso político y social que confunde la república con el socialismo para anexionarla a tal ideología. Por lo que, y según su entender, la propuesta de Constitución federal era una continuación de las bases establecidas en la Constitución de 1869, aprobada bajo el Gobierno provisional surgido de la Revolución de 1868, vigente hasta 1871.

En la calle del Turco. El asesinato del general Prim

 

Al salir de las Cortes para dirigirse a su residencia oficial en el palacio de Buenavista la tarde noche del 27 de diciembre de 1870, algunas voces tan precavidas como temerosas de lo que pudiera acontecer, previa y sibilinamente anunciado, dijeron a Juan Prim, presidente del Consejo: “No salga usted de casa, que le quieren herir”.

Minutos después, coordinada la actuación, le dispararon a bocajarro.

Profundamente caló en el alma popular aquel ignominioso asesinato perpetrado la noche del 27 de diciembre de 1870, en la calle del Turco, hoy Marqués de Cubas, que inauguraba la serie de asesinatos de presidentes del Gobierno de España.

 

Resumen de los antecedentes

Salió elegido Amadeo I de Saboya, duque de Aosta, el 16 de noviembre de 1870, candidato favorito de Juan Prim y de los diputados españoles por inmensa mayoría; por lo que desde ese momento los partidos opuestos a esta candidatura, básicamente republicanos y alfonsinos, se aprestaron a luchar contra ella, incluso antes de su efectiva proclamación, en la persona del general Prim.

Como aviso de los futuros acontecimientos, el periódico La Federación Española publicaba el 13 de diciembre: “Circulan rumores alarmantes de nuevos y más grades atentados por cierta agrupación de hombres de todos conocida”.

Pero el gobierno presidido por Juan Prim, de manera equivocada, restó importancia a las amenazas y a las advertencias. Mientras tanto había salido una comisión de las Cortes Constituyentes para ofrecer la corona de España a don Amadeo de Saboya y traerlo a España. Las Cortes reanudaron sus tareas el 15 de diciembre, y desde entonces se vio que los contrarios, despechados con el desenlace político de la nueva monarquía, intentaban poner obstáculos a la próxima llegada del nuevo rey. Pero el general Prim impuso su criterio a la soliviantada oposición, la cual puede juzgarse por lo que lanzaba El Combate al grito de ¡viva la república federal!, el 25 de diciembre, con la dirección de José Paúl y Angulo, y bajo la redacción de Ramón Cala, José Guisasola, Francisco Córdoba López, Francisco Rispa y Perpiñá y Federico Carlos Beltrán.

Así se expresaba dicho periódico:

“Cuando la violencia y la fuerza son las únicas armas de un gobierno usurpador, los defensores de los derechos del hombre y de las libertades patrias deben cambiar la pluma por el fusil y repeler la fuerza con la fuerza.

“Una mayoría constituyente facciosa, prostituida y encenagada hasta la hediondez más repugnante, votó en la madrugada de ayer su deshonra y la de la nación española, maniatando traidoramente su soberanía a la espuela del dictador Don Juan Prim. El golpe de Estado es ya un hecho; es la declaración de guerra proclamada parlamentariamente por un gobierno usurpador, que cínica e impúdicamente conculca la ley, pisotea el derecho, arrastra la libertad y barrena la Constitución.

El Combate cree haber representado en el corto periodo de su publicación las ideas, los sentimientos y la voluntad del pueblo, una vez más arteramente herido y vilmente engañado; que no en balde tiene declarada en sus columnas guerra sin cuartel al traidor Prim, a sus Cortes constituyentes, cómplices de un crimen nacional, y a ese dios terrenal asalariado, a ese tirano extranjero que se llama duque de Aosta.

“Ciudadanos españoles: la patria está en peligro. Cuando el tirano extranjero coloque su inmunda planta en tierra española, que esta afrenta sea para todos la señal de exclamar con el coraje de los pueblos ultrajados: ¡Al combate! ¡Abajo lo existente! ¡Viva el ejército español horado! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la revolución!”

Esto se publicaba el 25 de diciembre; y el 27 por la tarde se materializó el atentado a Juan Prim.

No por casualidad, ese domingo 25 de diciembre de 1870, José Paúl y Angulo (que fue considerado uno de los autores del magnicidio) daba por terminada la vida de su periódico con el ejemplar número 54, de una sola hoja en vez de las cuatro habituales e impresa por una sola cara. Contenía un Llamamiento al pueblo español, ya extractado, y una nota A los republicanos de Madrid, con el siguiente texto:

“Necesario es todavía marcar en la hora oportuna el momento mismo de la lucha armada.

“El partido republicano de Madrid iniciará o secundará, según convenga, el movimiento revolucionario que, al grito de ¡ABAJO LO EXISTENTE! ¡ATRÁS EL EXTRANJERO! Concluya con la farsa indigna que nos empobrece y nos deshonra.

“Los hombres de EL COMBATE recomiendan a sus correligionarios de Madrid tanta subordinación como energía, y se reservan prevenirles en la última hora.”

Había algo preparado de extraordinaria entidad contra Juan Prim, planeado por grupos ideológicamente dispares pero coincidentes en sus objetivos e inquina contra el general; aunque años después, en su acomodo de París finiquitada tiempo ha el esperpento, tragicómica experiencia de la I República, y su periplo americano de escape principalmente en Perú, José Paúl y Angulo (José Paul y Angulo según las fuentes), que tan vehemente se manifestara en las páginas de su periódico y en los ambientes enemigos de Prim, declarara su desconcierto por el atentado, además de la imparcialidad y delicadeza de los republicanos en las objeciones a la persona y la obra de Prim: “Los republicanos no perturbamos el orden; como que el asesinato de Prim fue para nosotros la más grande de las sorpresas”.

No obstante esta declaración exculpatoria, en la que el asombro viste de sarcasmo, José Paúl y Angulo ha sido, y es, considerado el ejecutor material del asesinato al frente de un grupo de nueve republicanos, contando con la complicidad del coronel Solís y Campuzano, ayudante del duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, candidato al trono de España, quien sería en última instancia instigador del mismo.

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El relato de los hechos en el siglo XIX

Síntesis de varias fuentes.

Al retirarse el general Prim del Congreso terminada la sesión de aquella tarde fue asaltado su coche en la calle del Turco por varios asesinos que estaban ocultos en dos berlinas de plaza situadas en la misma calle, en opuesta dirección y casi juntas como para impedir el paso al coche que conducía al general.

Los asesinos dispararon ocho tiros apuntando a quemarropa al general Prim y sus ayudantes Sr. Moya y Sr. González Nandín. El general Prim fue herido de dos balazos en el antebrazo izquierdo y en la mano derecha, de la cual hubo necesidad de amputarle un dedo.

En los primeros momentos se dijo que la herida era leve; pero pronto se supo por todo Madrid la dimensión del suceso criminal. En efecto, después de dos días de mortal ansiedad, el caudillo de los Castillejos, dominado por una congestión irresistible, sucumbió a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde del 30 de diciembre, víctima de los partidos, y fundador de una dinastía nueva que pasó como un relámpago.

Juan Prim fue depositado en la Basílica de Atocha, y allí le visitó el nuevo monarca que con tan tristes y siniestros auspicios entraba en España.

 

El relato de los hechos en el siglo XX

Investigación de Eduardo Comín Colomer, historiador de la Policía.

Aquella noche del 27 de diciembre de 1870, Juan Prim y Prats, grado 33 de la Masonería, hermano Washington y capitán de Guardias del Supremo Consejo del Grado 33 —entonces correspondiente a la segunda jerarquía de tal sociedad secreta— iba a acudir al ágape fraternal que el Grande Oriente celebraba en la fonda Las Cuatro Naciones, en la madrileña calle del Arenal. Desde el Congreso había previsto desplazarse al citado lugar de encuentro, pero necesitado a última hora de atender un asunto en el palacio de Buenavista, su residencia oficial como presidente de Consejo y también sede del Ministerio de la Guerra, decidió presentarse en la fonda sólo para el brindis. Así lo avisó a los hermanos de logia por mediación de su amigo Ricardo Muñiz; una de las personas de su confianza que le había advertido de las amenazas que pendían sobre él y que también se gestaban en las filas republicanas de las Cortes cuyo dirigente y portavoz más acentuado era el periodista José Paúl y Angulo, director del periódico El Combate, otrora amigo de Prim y hoy su mayor enemigo declarado.

En la calle de Floridablanca esperaba el cupé, coche de caballos, del presidente del Consejo. Subió al vehículo Prim con Sagasta, hermano Paz y Herreros de Tejada; quienes al poco trecho se despidieron del general para acudir al banquete masónico del solsticio de invierno. Al abandonar el carruaje ambos políticos es cuando montaron los ayudantes del general Prim señores Moya y González Nandín. Diversos historiadores aseguran que a partir de aquel instante, desaparecidos de la escena Sagasta y Herreros de Tejada, comenzó a funcionar lo que Roque Barcia, político del Partido Republicano Federal y uno de los máximos impulsores de la rebelión cantonal durante la I República (iniciativa de la que posteriormente abjuró), llamó “telégrafo fosfórico”. Escribió al respecto: “Un hombre encapado, que estaba en la acera de enfrente, enciende un fósforo. Otro hombre encapado que estaba en la esquina del mismo palacio del Congreso, por la calle del Sordo (hoy de Zorrilla), enciende en el acto otra cerilla. La misma operación ejecuta otro encapado que vigilaba en la embocadura de la calle del Turco (hoy Marqués de Cubas).

Llegó el coche a las proximidades de la calle de Alcalá y allí un vehículo le interceptó el paso. El ayudante Sr. Moya, atisbando por la ventanilla, exclamó: “¡Mi general, nos hacen fuego!” En ese instante, según reseña de La Federación Española, en su número del 6 de enero de 1871, uno de los asaltantes “se aproximó al coche, rompió el cristal con la boca de su trabuco y exclamó a media voz: Prepárate, vas a morir.”

Otro grupo, en el costado opuesto, realizó la misma acción. Consumado el atentado los asesinos desaparecieron como fantasmas, con el único vestigio de su presencia en una huella de mano con resto chamuscado del fogonazo del arma disparada en la pared donde quiso limpiarse. Tras las descargas simultáneas, los ejecutores oyeron la voz de Prim, lo que les indujo a creer que habían marrado en su propósito y a que desistieran del previsto movimiento insurreccional cometido el acto criminal los cómplices que aguardaban en la plaza de la Cebada la confirmación de la muerte. Otros grupos implicados en el mismo magnicidio aguardaban en la plaza de Santo Domingo una señal que se dio para lanzarse a la revuelta con agitación y propaganda a la vista pública.

* * *

Acto seguido del suceso criminal comenzaron los interrogantes, y las acusaciones. Fue señalada la Ronda secreta policial, es decir, los policías de vigilancia en los trayectos efectuados por el presidente del Consejo, que el día de autos dejaron expedita de cuerpo de seguridad la ruta a los asaltantes; señalado el diputado periodista José Paúl y Angulo, por sus escritos y declaraciones contra la figura de Prim; señalado y procesado por el juez Francisco García Franco el secretario del duque de Montpensier, Felipe Solís, a quien se halló en el registro de su domicilio “una comprometedora Memoria, escrita de su puño y letra, más tarde desaparecida de los autos”; por supuesto los detenidos, algunos de los cuales, reclutados en La Rioja para la comisión del crimen, declararon que “se les había asegurado que tan luego como se perpetrase, todas las tropas de la guarnición proclamarían a Montpensier rey de España”; también recibió señalamiento el propio juez instructor, García Franco, quien no llegó a tomar declaración al general, pese a que éste sobrevivió varios días al atentado, alegando en su descargo que no quería agravarle la salud con un interrogatorio y otras razones coincidentes con el argumento principal que, al cabo del tiempo, pasados unos años, dieron pie en 1885 a un comentario en el diario Fígaro de París del siguiente tenor: “La circunstancia de haber esperado este juez [Francisco García Franco] tantos años para dar estas explicaciones [excusas], indicio es también de que halló para hacerlo antes algún temor que le detuvo”.

Las sospechas sobre Antonio María de Orleans, duque de Montpensier (hijo y nieto de masones, quizá también lo fuera él), como instigador del atentado aumentaron, toda vez que Juan Prim había sido el mayor contradictor de su candidatura; por cierto, mínimamente secundada por el voto presente. Tesis que sostienen investigadores del atentado como Antonio Pedrol Rius y Javier Rubio.

Cuando Amadeo de Saboya visitó a la viuda del general Prim, Francisca Agüero González, le garantizó que buscaría a los asesinos por todos los medios para hacerles pagar su delito. A lo que la viuda respondió: “Pues no tendrá V. M. que buscar mucho a su alrededor”.

Las sospechas por el asesinato alcanzaron al general Francisco Serrano, duque de la Torre, regente del Reino. Al respecto de su posible participación se dijo: “El sereno o vigilante que prestaba servicio en la calle del Turco, salía, a la hora en que se cometió el crimen, de una taberna de la misma calle, y después de las detonaciones vio correr a cuatro embozados que se escondieron en el palacio que hoy ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde, como es sabido, habitaba el Regente”.

Algunos de los detenidos como partícipes en el atentado murieron repentinamente, como Paúl y Angulo, o de forma misteriosa, los personajes de menor talla política.

La realidad es que no hubo un interés verdadero por esclarecer los hechos.

* * *

 

Lo que pudo demostrarse del atentado contra el general Prim

Traslación del estudio realizado por el investigador Eduardo Comín Colomer.

Con quienes por uno u otro concepto estuvieron involucrados en el atentado del presidente del Consejo, Juan José Rodríguez López elaboró una tesis por entregas, “por hojas”, bajo el título Asesinato del General Prim, editada en Zaragoza entre el 21 de marzo y el 15 de octubre de 1886, compuesta por 29 números con un total de 250 páginas.

Juan José Rodríguez López, el autor del citado amplio y detallado testimonio, estuvo procesado y fue encarcelado, acusado de participar en una acción contra la vida de Juan Prim, y cuyas denuncias se produjeron los días 14 y 16 de noviembre de 1870. Por ese motivo criminal mantuvo una estrecha relación con Felipe Solís y Campuzano, ayudante del duque de Montpensier, quien le comisionó personalmente para realizar el atentado. Sometidos a careo Rodríguez y Solís, este último negó cualquier clase de concomitancias entre ellos.

Rodríguez López fue trasladado desde la cárcel del Saladero, situada en la madrileña plaza de Santa Bárbara a una prisión militar, para después retornar al Saladero. Sufrió dos intentos de envenenamiento: el primero por disolución de fósforos en el botijo del agua, el otro con dos pasteles que le habían sido regalados y que iba a compartir.

De las múltiples actuaciones judiciales efectuadas tras el atentado, quedaron claramente definidos tres núcleos de complotados. El que comenzó el acuerdo mediante una reunión celebrada en la ciudad de Bayona en febrero de 1870 con Juan López (nombre de guerra de Juan José Rodríguez López), Enrique Sestrada y su cuñado Pedro Acevedo. Este trío constituyó una célula de actuación denominada La Internacional, al servicio del duque de Montpensier. Valga un inciso en el relato: téngase en cuenta que el almirante Topete estuvo dispuesto a proclamar reina de España a la infanta doña Luisa Fernanda, esposa del duque de Montpensier; probablemente así hubiera ocurrido de haber embarcado a tiempo el general Serrano, pero como fue el general Prim quien llegó antes, el recibimiento ofrecido a él por la oficialidad y marinería de la fragata Zaragoza no permitió otra interpretación que la del manifiesto de ¡Viva España con honra! (que se expone al final del artículo). También se dijo que el duque de Montpensier participó en la trama criminal con ideas y dinero y ánimo de reponer en el trono a Isabel II. A este núcleo inicial de activistas pronto se adhieren nuevos elementos, distribuidos en un grupo de riojanos y otro de valencianos; de los primeros aparecía como jefe José López con Ruperto Merino, Martín Anedo y Esteban Sáez, en tanto que los segundos estaban comandados por Sostrada con Acevedo, Genovés y Tomás García Lafuente. Éste denunció al resto por la recompensa de cincuenta mil duros a los ejecutores del crimen.

La segunda fracción de aspirantes a magnicidas tenía como cabeza visible a José Paúl y Angulo, director propietario del periódico El Combate, que había liquidado buena parte de su patrimonio financiando complotes dirigidos en su momento por Juan Prim, del que era gran amigo; Adrián Ubillos, Francisco Huertas, Ramón Armella, Montesinos y Ángel González Guerrero eran componentes de la cuadrilla.

La tercera fracción la mandaba José María Pastor, responsable de Orden Público de Madrid, y con él figuraban el ya citado Ángel González Guerrero, guarda de El Pardo, Pascual García Mille, Porcel y Joaquín Fenellosa.

En la hoja del domingo 23 de marzo de 1886, primera de la publicación, se lee:

“A Pascual García Mille le sacó del presidio de Ceuta Joaquín Fenellosa y Segura, casado en Valdepeñas, cuñado del genera don Pascual Gaminde, con el objeto de preparar una conspiración carlista.

“Aprehendidos en Ceuta estuvieron en varias cárceles, ingresándoseles en la baja de Granada, donde en lugar de desertores de presidios se hicieron pasar por presos carlistas. Les acompañaban “los fugados de Ceuta: Pantaleón Polo y Cervera, escribiente del ayudante del presidio; José Grané, escribiente del furrielato; y Andrés Bailón, consorte de la Bernaola.

“El conocimiento y relaciones de García Mille con José María Pastor se dice que fueron a consecuencia de haber sido preso el primero y conducido al Gobierno Civil de la provincia, e influyendo con el inspector de Orden Público don Juan Figuerolas, alias Duende, para que lo pusiesen en libertad, como así lo hicieron.

“José María Pastor, como jefe de todos los sujetos referidos (se incluye a Porcel y Manuel García García), les propuso toda clase de fechorías non sanctas y entre ellas la del asesinato del excelentísimo señor don Juan Prim pero, a pesar de que Pastor les daba seguridades de que, según le había dicho cierto Marqués y Duque, les indultarían de sus penas, hubo quien no quiso tomar parte en el asesinato.”

Por otra parte, que ha de ser contemplada, Juan José Rodríguez López había actuado también por cuenta de Prim en París, poco antes del verano de 1870. Esto es lo que explica en su testimonio por entregas:

“La misión mía en París en aquella época era la de cumplir fiel y exactamente al lado de la embajada española, que tan dignamente desempeñaba don Salustiano Olózaga, las órdenes y misión que de toda confianza me había confiado el malogrado general Prim; y como quiera que en esas órdenes y en esa misión entraba la necesidad de saber cuánto se tramaba allende los Pirineos contra el gobierno provisional de la revolución de 1868, he aquí demostrados la clase de trabajos en que me ocupaba, pudiendo, desde luego, sacar por ellos la consecuencia inmediata de los tratos y contratos que, referentes al asesinato del general Prim puede tener con los que, interesados en ocupar el trono de España (como le sucedía al excelentísimo señor duque de Montpensier) les interesaba también, y entraba en sus planes, la desaparición del general Prim, único que podía contrariárselos.”

Rodríguez López detalla los numerosos cambios de domicilio a los que José María Pastor sometió a Pascual García Mille, Antonio Roca y Juan Fenellosa Segura, a los pocos días de verificado el magnicidio, así como de los diversos delitos cometidos por la banda y hasta de las heridas que sufrió García Mille en tiroteo con sus compinches al oponerse que cierto robo planeado terminara con el asesinato de la víctima de la depredación. Asimismo aporta una relación de individuos conforme resultaba del proceso:

Pascual García Mille, que cumplía dos cadenas perpetuas, Joaquín Fenellosa y Segura, cumpliendo la pena de cadena perpetua, igual que Pantaleón Polo y Cervera, José Grané, Andrés Bailón, José Barreras Esteller, Antonio García. Joaquín Lafuente, Pedro Núñez, Julián Sen y Ramón Cervera, cumpliendo cadena perpetua y a quien se atribuía la muerte de los Solas de San Roque. Todos estos sacados del presidio de Ceuta para asesinar al general Prim y para otras fechorías previas y posteriores.

Los que contribuyeron a sacarlos y a cuyas órdenes estuvieron hasta después de la muerte de Prim fueron José María Pastor, jefe de la ronda secreta del general Serrano, duque de la Torre, Rafael Porcel y Blanca, jefe de bandidos y José Roca, también bandolero y al mando de una partida.

Los que fueron presos como implicados en el asesinato eran Roque Barcia, Ramón de Cala, Francisco Córdoba López, Manuel Rodríguez (el cochero que se atravesó en la calle del Turco y que conducía a algunos de los asesinos), García del Campo, José María Pastor (jefe de la ronda secreta del general Serrano), Jaime Alsina, Cipriano González, Rafael Porcel y Blanca, José Roca, Mariano González, Clemente Escobar, José Anselmo Clavé, Miguel Pastor Casau, José Menéndez, Manuel Torregrosa, Enrique pato Sáenz, y otros.

Los presos que murieron fueron Ruperto Merino, Tomás García Lafuente y Mariano González (asesinados); José Roca, José Genovés y Clemente Escobar (fallecieron en la sala de presos del hospital); José Menéndez, Francisco Córdoba López, Miguel Pastor Casau, José Anselmo Clavé, Manuel Torregrosa y Enrique Pato Sáenz (murieron una vez puestos en libertad).

En los partidarios alfonsinos, continuadores de la dinastía de la Casa de Borbón, lógicamente también recayeron sospechas y acusaciones por el atentado a Prim, puesto que a ellos afectaba directamente la determinación del presidente del Consejo de no restituir a dicha familia en la jefatura del Estado; pero con poco o nulo resultado para la atropellada investigación.

El colofón a esta crónica del atentado y muerte de Juan Prim y Prats lo protagoniza la carta que el aludido Juan José Rodríguez López dirige a la viuda del general y a varias personas, en número considerable, que le habían sido afectas y a terceros que, acaso, tuvieron alguna participación en el crimen.

Escrito que acompaña a la carta:

“Señor D… Muy señor mío y de toda mi consideración: Tengo el honor de remitir a usted copia de la carta que dirijo a la excelentísima señora duques de Prim, con motivo de las inesperadas amenazas y vejaciones que estoy sufriendo.

“Si al cabo de tres años de injusta prisión y de sufrir todo género de penalidades veo que no sólo mis afanes son inútiles, sino que mi vida y el porvenir de mi inocente familia se hallan amenazados, no es extraño que, poniéndome al amparo de la justicia para que proteja mi vida, me disponga por todos los medios posibles a que la opinión pública conozca bien a todos los que han mediado en el inicuo crimen de la calle del Turco, y en la causa formada por tal motivo.

“Suplicando a usted aprecie la rectitud de mis intenciones, tengo el honor de ofrecerme de usted afectísimo servidor Q.B.S.M., José López.”

Misiva a la duquesa de Prim, viuda del general:

“Excma. Señora Duquesa de Prim: Señora: Ninguno de los amigos de vuestro ilustre esposo (Q.E.P.D.) ha hecho ni hace nada para vengar su muerte.

“Por más que yo los he buscado en todas formas (hoy que para nada me necesitan) el silencio o el mayor desprecio es lo que encuentro.

“En vista del abandono con que todos aquellos que tanto le deben al que fue arcabuceado en la calle del Turco, ha hecho de su memoria, me propuse censurar su conducta y concluir presentando a los autores del crimen, para lo cual fundé un periódico titulado Los Canallas. Al hallarse el número tercero en prensa, una medida arbitraria del señor alcaide, por mandato del señor gobernador, me ha obligado a que suspenda la publicación. Toda clase de amenazas e insultos, con no menos vejaciones, han pesado y pesan sobre mí. Al juzgado he acudido y a la audiencia también en demanda de amparo y para que se asegure mi vida, amenazada de mano airada, pues no habrá nada, absolutamente nada, que me haga cejar en mi propósito. Tengo ofrecido denunciar y probar ante el tribunal de justicia y el de la opinión pública quiénes fueron los autores y alguno de los ejecutores; y, hoy mismo, así lo he manifestado al juzgado que ha acudido a mi llamamiento. Pero si esto, además de causar mi muerte, como es consiguiente, ha de dejar a mi esposa e hijos en la más triste miseria, desamparo y completa desolación, prefiero ir a la tumba con el secreto. V. E. que es la única persona interesada en el descubrimiento de los que mandaron cometer el asesinato y de los que lo ejecutaron, y que un día despreció mis indicaciones y sacrificios, si quiere que llegue el momento en que todo se descubra, puede, desde luego, mandar persona que entiéndase conmigo (al mismo tiempo que yo cumplo con mi misión), ampare a mi desconsolada familia en la miseria en que yace. Yo dispuesto estoy siempre; verifíquelo V. E. inmediatamente y todo quedará arreglado; de lo contrario, el silencio de V. E. me autorizará a hacer pública esta franca y leal manifestación para que todo el mundo sepa que Juan Prim y Prats en la tumba ni el recuerdo de la que fue su esposa le queda. Es cuanto tengo el honor de comunicar a vuecencia, ofreciéndome con toda consideración y respeto su afectísimo seguro servidor Q.B.S.M., José López. Cárcel de Villa, 30 de noviembre de 1873.

“P.D. Copia íntegra remito a todos los que eran amigos del héroe de los Castillejos y quizá a alguno de sus asesinos.

“P.D. V. E. debe saber que he sido muy querido de su esposo (cartas cantan). V. E. es madre y muy humanitaria. En el hospital particular de Nuestra Señora de Atocha tengo moribundo un hijo de quince años. Este no podrá vengar a su padre. V. E: puede vengar a su esposo. Mientras aquél llama en las agonías a su padre, que se halla inocente, pero sin libertad, éste está pensando en vengar la muerte de don Juan.”

La viuda de Prim no contestó a la carta ni realizó gestión alguna cerca del firmante.

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Conocido el móvil de un crimen deducible es la responsabilidad. Aunque la ecuación en demasiadas ocasiones queda enmarañada en la madeja del interés por velar, por confundir y desviar de los actores principales, ideólogos y ejecutores, el señalamiento de su acción y culpa. Ante las cortinas de humo o el desistimiento, ante la parcialidad de juicio y la aducida en último extremo razón superior, que acaba barriendo pruebas fehacientes y testigos de cargo, la historia ha de contar sin eximentes en nómina el nombre de los beneficiados por un hecho criminal de repercusión manifiesta e incuestionable.

El asesinato del general Prim, en otras palabras, su eliminación de la escena política, favorecía a los partidos más cercanos al poder y con ansias del mismo: republicanos, montpensieristas y la Unión Liberal del general Serrano. La negativa de Juan Prim a implantar la república en España mientras viviera sentenció a varias firmas, nacionales y extranjeras, su destino. Tras la muerte de Prim ascendió al poder el partido republicano y con él la I República o experimento cantonal que acabó como podía preverse. El duque de Montpensier, Antonio María de Orleans, jugaba con dos bazas: el retorno de Isabel II y, en su defecto, la apuesta personal. Francisco Serrano también barajaba alternativas, y las consiguió consecutivamente: presidente del Consejo, en sustitución del asesinado y Jefe del Ejecutivo con la naciente Restauración.

Y pese a que las sombras en la arena política suelen ser largas, espesas y ominosas, algunas tejen un paradójico manto de visibilidad. Pero como el tiempo todo lo cura y todo lo olvida cuando quiere curar y olvidar el paciente, la verdad taxativa sobre los autores languidece en su acomodado limbo.

 

Revelaciones en el siglo XXI

Con meritorio esfuerzo, digno del libre intelecto y la estricta ciencia, la Comisión Prim, presidida por don Francisco Pérez Abellán, periodista, investigador y criminólogo, director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, ha determinado que el fallecimiento de Juan Prim y Prats no tuvo lugar el 30 de diciembre de 1870, pasados tres días del atentado, sino que sucedió a las pocas horas del mismo, donde fue trasladado el general, por estrangulamiento. El dictamen de la citada comisión expresa que “los surcos del cuello, compatibles con una posible estrangulación a lazo encajan en una necesidad de los asesinos de Prim de no permitir la recuperación del mismo, del que asustaban tanto su fortaleza como su fortuna de salir indemne”.

Dado el carácter del magnicidio, y la relevancia social y política del personaje, cabe aceptar la premura en la constatación de su muerte para evitar una sanación posible tras la no consumación del asesinato in situ. La obra hubiera quedado incompleta y con riesgo de reparación y castigo para los victimarios.

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Proclama de los sublevados en Cádiz

¡Viva España con honra!

Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia (…) niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos (…) y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. (…) Hollada la ley fundamental (…), corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, (…) muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa (…). Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: «Así ha de ser siempre»? (…) Queremos que una legalidad común por todos creada tenga implícito y constante el respeto de todos. (…) Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni decrete que España ha de vivir envilecida. (…) Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre (…), no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España con honra!

Cádiz, 19 de septiembre de 1868.

Fdo.: Juan Prim, Francisco Serrano, Juan Topete, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Domingo Dulce, Antonio Caballero de Rodas.

 

 

Artículos complementarios

    El militar y político Juan Prim

    Tres magnicidios